La Consejería de Sanidad de Castilla y León está trabajando en la creación de un registro específico para los profesionales sanitarios que, por motivos de conciencia, deciden no participar directamente en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Esta medida responde, según informaciones recogidas por la Agencia ICAL, a la modificación de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada hace dos años, y sigue el ejemplo de comunidades como Murcia, La Rioja, Cantabria, Canarias y Cataluña, que fueron las primeras en crear sus registros.
El principal objetivo de este registro es asegurar una gestión eficiente y equitativa de la prestación de la IVE, garantizando que no haya discriminación entre los profesionales sanitarios que no objetan y los que sí lo hacen. Con esta medida, se busca evitar que los médicos y personal sanitario no objetos sean relegados únicamente a la práctica de interrupciones de embarazo, y que aquellos que decidan objetar no sean señalados ni perjudicados por su postu.
Los datos que se incluirán en el registro serán exclusivamente los necesarios para identificar a los profesionales sanitarios que trabajan en centros acreditados para la realización de abortos y cuya labor implica su participación directa en estas intervenciones. La iniciativa busca cumplir con la normativa nacional y asegurar que todas las mujeres de Castilla y León puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de manera equitativa, respetando al mismo tiempo los derechos de los profesionales que ejercizan su derecho a la objeción de conciencia.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó a finales de año el protocolo que regula los pasos para crear el registro. Habrá uno por cada autonomía y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
El registro solo se utilizará para la gestión de recursos humanos y para garantizar la prestación de la IVE, sin discriminación para ningún profesional; solo se incluirá en el registro al personal que interviene directamente en la IVE, es decir, médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, Medicina Familiar y Comunitaria, enfermeras/os y matronas, y el acceso al registro estará restringido al personal encargado de la gestión y organización de recursos humanos para las interrupciones voluntarias del embarazo.
Los datos de los registros no se compartirán entre comunidades autónomas y se garantizará la protección de datos de los objetores de conciencia. El protocolo establece que el registro de objetores debe incluir la modalidad a la que se objeta (total o parcial) y, en caso de la parcial, los supuestos específicos a los que se opone.
En 2023, Castilla y León registró un total de 3.096 interrupciones voluntarias del embarazo, según los datos del Ministerio de Sanidad. Las mujeres de entre 20 y 29 años representaron casi la mitad de los casos, con 1.337, mientras que 309 interrupciones correspondieron a menores de edad.
La Comunidad alcanzó una tasa de 8,66 interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, un aumento respecto a la tasa de 7,95 registrada en 2022. En la última década, la tasa ha crecido más de dos puntos y medio, pasando de 6,14 en 2014 a la cifra actual. A nivel nacional, España registró una tasa de 12,22 y un total de 103.097 interrupciones, un 4,8 por ciento más que en 2022.
Respecto al nivel educativo, 952 mujeres que decidieron abortar en Castilla y León tenían estudios de Bachillerato o Formación Profesional, seguidas de 937 con estudios de ESO o equivalentes y 682 con estudios universitarios. Además, en relación con la situación laboral, 1.767 abortos correspondieron a trabajadoras por cuenta ajena y 724 a mujeres en situación de desempleo.
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