Castilla y León recibe 13.440.000 euros en total para reforzar la Atención Primaria, la Salud Mental y la prevención del suicidio

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado este martes una significativa inyección económica de 13.440.000 euros para Castilla y León, que se destinarán a fortalecer la Atención Primaria y la Salud Mental, incluyendo un nuevo Plan de Prevención del Suicidio. Esta inversión forma parte de una distribución territorial de más de 229 millones de euros a nivel nacional para el ejercicio 2025.

En concreto, Castilla y León recibirá 941.356 euros para la implementación del primer Plan de Prevención del Suicidio en 2025. Esta iniciativa es parte de un plan nacional de 17,8 millones de euros que busca impulsar campañas de concienciación contra el estigma, desarrollar programas comunitarios para poblaciones vulnerables (personas mayores, colectivos LGTBIQ+, personas en exclusión social y cuidadores), y apoyar a quienes han perdido a un ser querido por suicidio.

Entre las líneas de actuación, se prevé la mejora de las urgencias hospitalarias para personas en crisis de salud mental, la creación de dispositivos comunitarios de prevención y el fomento de iniciativas para pacientes con enfermedades graves o dolor crónico y vulnerabilidad suicida. También se reforzará la atención telefónica especializada y la formación de "gatekeepers" o agentes comunitarios clave.

Del total de 17,8 millones de euros a nivel nacional, 12,83 millones se destinarán a gastos corrientes para el desarrollo del plan, y 5 millones a gastos de inversión en infraestructuras y equipamiento tecnológico. La recepción de estos fondos por parte de las comunidades autónomas dependerá de su adhesión al plan y la presentación de una memoria detallada de las acciones.

En el ámbito de la Salud Mental, Castilla y León contará con 2 millones de euros adicionales. Esta cifra se enmarca en una inversión global de 39 millones de euros para todas las comunidades autónomas, destinada a fortalecer la atención en este ámbito crucial.

El Plan de Acción para la Salud Mental establece ocho líneas estratégicas principales: refuerzo de recursos humanos, incluyendo figuras de apoyo mutuo; salud mental comunitaria y alternativas a la institucionalización, con financiación para casas de crisis y equipos de atención domiciliaria; derechos humanos y lucha contra el estigma, promoviendo mecanismos para evitar intervenciones involuntarias; optimización del tratamiento, con programas formativos y campañas sobre el uso adecuado de psicofármacos; atención a colectivos vulnerables, mejorando la accesibilidad y la formación en violencia de género; salud mental perinatal, de la infancia y la adolescencia, impulsando actuaciones preventivas y alternativas a la hospitalización; sistemas de información para mejorar el análisis y la planificación; y salud mental y trabajo, promoviendo el acceso al empleo digno para personas con trastorno mental.

Finalmente, la Atención Primaria en Castilla y León recibirá 10,5 millones de euros, como parte de una dotación nacional de 172,4 millones de euros. Estos fondos buscan consolidar el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 (PAPyC 25-27), una hoja de ruta para fortalecer el primer nivel asistencial.

Los objetivos prioritarios de esta inversión incluyen la ampliación de procedimientos diagnósticos desde Atención Primaria; la optimización de procesos administrativos para reducir la carga burocrática; el impulso de soluciones de inteligencia artificial para la transcripción conversacional en consulta; la renovación de infraestructuras y equipamiento clínico; el fomento de las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y programas como el de Paciente Experto/a; la implementación de programas de detección temprana de violencia de género; la interoperabilidad de las historias de salud digitales; y el fomento de proyectos para garantizar el acceso al SNS y la continuidad asistencial para personas en situación de sinhogarismo.

El 50% de este crédito se reparte directamente a las comunidades autónomas en función de la población protegida, superficie, dispersión e insularidad. El otro 50% estará condicionado al cumplimiento de requisitos estratégicos antes del 31 de diciembre de 2025, como la publicación de nuevas ofertas de empleo público para Atención Primaria, la garantía de cobertura de puestos de difícil cobertura, el nombramiento prioritario de enfermeras especialistas y la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas.

Todos estos acuerdos serán sometidos al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para su aprobación definitiva, asegurando la financiación con cargo a los presupuestos del Ministerio de Sanidad para el ejercicio 2025.