La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha participado hoy por videoconferencia en la reunión del grupo de trabajo ‘Residencias y COVID-19’, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
En la misma, Blanco ha puesto encima de la mesa los dos temas que más “preocupan” a la Junta de Castilla y Léon en estos momentos: la situación de los trabajadores de las residencias y centros sociales y la financiación.
Respecto a los primeros, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha explicado la escasez de los mismos que se da en este tipo de centros en la Comunidad. En este sentido, ha solictado que se tomen medidas que permitan mejorar esta situcación, acordes con las tomadas respecto a las prácticas de los estudiantes de enfermería durante los primeros meses de pandemia.
Otra cuestión que se ha tratado con relación a los trabajadores es su papel como vectores de la transmisión del coronavirus, sobre todo en los centros en los que están prohibidas las visitas y las salidas de los usuarios, según ha explicado la consejera. “Es necesario intensificar la prevención sobre los trabajadores, primero pensando en ellos pero también en sus familias y en los propios usuarios de los centros”, ha explicado Isabel Blanco.
Finalmente, la consejera ha solicitado que se recupere la financiación inicialmente prevista para las residencias y los centros sociales de 1.000 millones de euros que han ido a parar a “otros colectivos y funciones”. “El incremento del personal, los equipos de protección, las plazas vacantes para destinarlas a casos de aislamiento… todo eso conlleva un coste en la financiación del sistema de la dependencia”, ha asegurado Blanco, que considera que “este es el momento en el que hay que mejorar la financiación de la dependencia con los fondos necesarios”.
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