Castilla y León se une a otras comunidades para exigir una reunión al Gobierno sobre la nueva adenda de los fondos europeos

Las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta exigieron este viernes una reunión del Gobierno con las autonomías para trabajar sobre la nueva adenda de los fondos europeos.

Los consejeros de Economía de estas comunidades denunciaron este viernes que el Ejecutivo central incurre en “falta de diálogo y transparencia” en la solicitud de la parte de préstamos de los fondos europeos. “Lo mínimo que se puede pedir es hablarlo con las comunidades autónomas. Esas cantidades no son patrimonio del Gobierno, sino que pertenecen a todos los españoles”, señalaron mediante un comunicado remitido a Ical por la Junta de Castilla y León. Así, advirtieron que los 84.000 millones de euros de este segundo tramo “computarán como deuda y los tendrán que ejecutar este Gobierno y el siguiente”.

Los consejeros denunciaron la “falta de diálogo, negociación y debate” del Gobierno con comunidades autónomas, en el diseño y planificación de la solicitud de dicha cantidad de crédito a la Unión Europea, la adenda o segunda parte de los fondos adjudicados a España dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos ‘EU-Next Generation’.

Asimismo, lamentaron que el Gobierno vuelva a incurrir en “los mismos errores” que con el diseño del plan de ejecución de los fondos europeos y no haya negociado con las comunidades autónomas las líneas de inversión, los objetivos o los hitos.

Las comunidades autónomas consideran, “una auténtica incongruencia” del Gobierno la falta de diálogo cuando el Gobierno prevé que sean las propias comunidades autónomas las que movilicen estos préstamos a través de un fondo, además de los mecanismos ICO. “La falta de cogobernanza y transparencia de la que hace gala el Gobierno esconde claras debilidades que aleja la posibilidad real de éxito en el desarrollo de un plan que es una oportunidad histórica para España”, señalaron.

Además, los consejeros no comparten lo afirmado por el Gobierno cuando indica que “el proyecto de adenda es fruto del intenso diálogo con las comunidades autónomas” o “tras un intenso proceso de consulta con las administraciones territoriales” pues “no responde a un proceso abierto de diálogo, consenso y debate”. De hecho, hasta el anuncio del Gobierno, las comunidades autónomas no tenían conocimiento del nuevo plan y han podido conocerlo por la información trasladada “a través de la prensa”.

“Hay que recordar los antecedentes de la negociación y aprobación del Real Decreto 36/2020 de fondos europeos, que resta credibilidad al Gobierno, mostrando cómo la ejecución del plan es escasa, las reformas pactadas no se cumplen y las convocatorias de los PERTE no alcanzan lo previsto”, apostillaron los consejeros en su comunicado.

Por otro lado, consideran que la adenda al plan aprobada por el Gobierno “profundiza en las carencias” del plan inicial y no contiene ningún mecanismo de transparencia. “La vicepresidenta Calviño ha utilizado esta solicitud para encubrir insolvencias del plan anterior y pedir más tiempo para el cumplimiento de los compromisos. Sorprende que el Gobierno haya utilizado alguna reunión de hace tiempo para defender y justificar ante Bruselas que ha habido diálogo, tal y como pide la Comisión”, subrayaron los consejeros.

Los consejeros señalaron además que “queda ya poco tiempo para revertir la mala ejecución y diseño de la aplicación de los fondos europeos”, por lo que propusieron una “cogobernanza real” con comunidades autónomas y ayuntamientos, junto con la aplicación de incentivos fiscales que permitan “ir mucho más deprisa en la ejecución”.

Los dirigentes autonómicos sostuvieron que “lo primero que hay que hacer” es sentarse con las comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos y patronal y, con las entidades financieras. “Tendríamos que implicar a las entidades financieras, que fueran partícipes, como hace el ICO, en un porcentaje de esos importes, para que haya una corresponsabilidad en el riesgo y, a partir de ahí, intentar trasladar a todo el mundo la histórica oportunidad que tenemos como país”, apuntaron.

Del mismo modo que en las diferentes fases de la tramitación del Plan de Recuperación, las comunidades autónomas prometieron que continuarán trabajando de manera “leal y constructiva” para que los fondos europeos “promuevan la verdadera transformación económica y social que España necesita, manteniéndose a la altura que requiere el país”.

Por ello, los consejeros de estas comunidades autónomas solicitaron la convocatoria “urgente” de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación dependiente del Ministerio de Hacienda que “lleva sin reunirse desde agosto de 2021”. Además, pidieron una reunión con las comunidades autónomas para trabajar sobre la nueva adenda que afecta tanto al incremento del plan como a la parte de préstamos que se va a solicitar.

De igual manera, exigieron habilitar los instrumentos necesarios para dotar de “mayor transparencia” la ejecución de los fondos, entre otros el Coffee, y permita una “mejor valoración” del estado actual del plan de recuperación, además de “transparentar la información en el seguimiento de la gestión de los PERTE”.