Comisiones Obreras ha aprovechado la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para recordar que la población en riesgo de pobreza en España continúa en niveles elevados y "sin visos de descender" hasta las cifras acordadas por España en el marco de la Estrategia Europa 2020. "Sin gasto social, servicios públicos fuertes y trabajo decente no es posible garantizar una vida digna a las personas", han apuntado desde la confederación sindical.
España se comprometió a reducir en el periodo 2010-2020 el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social entre 1.400.000 y 1.500.000 pero, como la propia Comisión Europea reconoce, “con 2.040.000 de personas en riesgo de pobreza o exclusión social más que en 2008, el objetivo de la Estrategia Europa 2020 aún queda lejos”.
Más de la cuarta parte de la población española (26,6%) se encuentra en esta situación de acuerdo con el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión). Este indicador considera población en riesgo de pobreza o exclusión social aquella que está en alguna de las siguientes situaciones:
a) Con ingresos inferiores al umbral de pobreza (la llamada tasa de riesgo de pobreza), establecido en 2017 en 8.522,0 euros al año.
b) Con carencia material severa.
c) Viviendo en hogares con baja o nula intensidad en el trabajo.
Existen una serie de variables que incrementan la tasa de riesgo de pobreza, como el desempleo, las cargas familiares, la nacionalidad extranjera o la edad. Así, el 44,6% de las personas desempleadas se sitúa por debajo de la tasa de riesgo de pobreza; porcentaje que ha aumentado casi todos los años desde 2008.
CCOO insiste en la necesidad de aumentar los ingresos familiares con la generalización de un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones y la actualización del IPREM, principal referencia de la protección social de carácter asistencial.
El sindicato también demanda la puesta en marcha de la prestación de ingresos mínimos recogida en la ILP que los sindicatos mayoritarios presentaron al Congreso avalada con 700.000 firmas, y la inmediata reversión de los efectos nocivos de las reformas laborales y de los recortes sociales llevados a cabo por los últimos gobiernos.