​CGT denuncia que la Junta pretende eliminar 15 puestos de docentes no universitarios de la enseñanza pública de Salamanca para el curso que viene

Según explica el sindicato, la propuesta de la Consejería de Educación sería la de crear 44 puestos y suprimir 59 de los actuales, lo que daría un balance negativo de 15 puestos de docentes no universitarios

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La CGT (Confederación General del Trabajo) ha denunciado mediante un comunicado que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León pretende eliminar un total de 15 puestos de docentes no universitarios en la provincia de Salamanca de cara al curso 2020/2021.

El sindicato lamenta que la propuesta inicial de la Consejería sobre la modificación de plantilla jurídica para el curso que viene “siga con la tendencia destructiva en cuanto a puestos de trabajo docentes en la provincia de Salamanca” ya que, de salir adelante, se perderán puestos en todos los cuerpos excepto en el de profesores técnicos de Formación Profesional, explican.

Más detalladamente, la CGT concreta que esa propuesta inicial contempla suprimir 19 puestos del cuerpo de Maestros y la creación de cinco puestos, lo que daría un balance de 14 puestos perdidos; en lo que a profesores de Enseñanza Secundaria se refiere, se perderían dos puestos tras crearse 15 y suprimirse 17; también se perdería un puesto en el cuerpo de profesores de EEMM (enseñanzas medias) en régimen especial, ya que se suprimiría uno y no se crearía ninguno; y la propuesta en cuanto a Maestros destinados en Educación Secundaria es la supresión de un puesto, señalan.

Así, el único cuerpo con saldo no negativo sería el de los Profesores Técnicos de Formación Profesional, puesto que la intención es suprimir 21 puestos y crear 24, con un saldo positivo de tres puestos, apunta el sindicato.

Desde CGT reiteran que esto demuestra que “los criterios que la Administración utiliza a la hora de programar las plantillas jurídicas no buscan la calidad de la enseñanza”, y recuerdan que “la educación no es un gasto sino una inversión”.

Por ello, reclaman que “que los criterios utilizados se establezcan, de nuevo, con acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales y no sean unos criterios impuestos unilateralmente como ocurre actualmente”.

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