El Comité de Empresa de Servicios Sociales de la JCYL de Salamanca denuncia “el desmantelamiento de los centros asistenciales recortando personal”

El Comité de Empresa ha vuelto a denunciar el desprecio con el que la Gerencia trata al personal de  Servicios Sociales, ignorando la normativa en cuestiones como su obligación de informar de manera  reglamentaria de medidas como la reducción de plantilla, la obligación de negociar de buena fe los  calendarios laborales o el derecho a la conciliación de trabajadoras y trabajadores recogido por la  Junta Castilla de Castilla y León como obligatorio en su Plan de Igualdad. 

La Gerencia de Servicios Sociales, según comunican, pretenden reducir al mínimo posible la prestación de los servicios  sociales públicos a los que la ciudadanía tiene derecho. En la nueva Residencia de Mayores San Juan de Sahagún “mantiene casi 70 camas vacías fruto de una nefasta gestión, son camas residenciales que están haciendo mucha  falta a las familias de Castilla y León con familiares mayores con grandes necesidades de cuidados  profesionales y pocos recursos económicos. Los problemas de personal, porque las ratios son  insuficientes”.

El Centro de día integrado en la propia Residencia “no está dotado de plantilla y, por consiguiente,  quitan personal de la atención a los residentes para poder abrir la zona de estancia diurna con lo que  se deterioran las condiciones laborales y las asistenciales para todos los usuarios”. 

Además, añaden que “la dotación de plantilla es insuficiente por culpa de las ratios, que fijan el número de trabajadoras  necesarias por número de usuarios. Las ratios no contemplan que el personal necesario debe ser en presencia y no en plantilla total.  

Del mismo modo, han explicado que “el recorte de personal en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual,  además de ilegal, puesto que ni siquiera lo han comunicado de manera reglamentaria a la  representación de los trabajadores, es una medida destructiva, no les importan nada los usuarios del  centro ni el personal, prima la gestión económica sobre la social y humana que debe darse en un  servicio público”. 

Han destacado que “en la negociación de los calendarios laborales solo existe mala fe negociadora y mentiras por parte  de la Gerencia, que propone una cosa al Comité de Empresa y luego impone otra distinta en los  centros, además de que no aceptan ni una sola modificación, ni siquiera si ésta es para mejorar el  servicio”. 

Para finalizar, han expuesto que “los Servicios Sociales públicos deben garantizar el mejor servicio posible a la ciudadanía, con más  ahínco si cabe cuando se trata de personas vulnerables. El Comité de Empresa exige a la Gerencia que  rectifique este sinsentido, que dé prioridad a la atención de las personas usuarias de los centros  sobre los criterios meramente economicistas y políticos”.