Las comunidades de vecinos y las viviendas particulares podrán recibir una nueva ayuda para mejorar su accesibilidad

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente convoca las ayudas en régimen de concurrencia competitiva, que se podrán solicitar a partir de este miércoles

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Puerta de edificio con rampa de acceso para personas de movilidad reducida
Puerta de edificio con rampa de acceso para personas de movilidad reducida

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinará 2,8 millones de euros en las tres próximas anualidades, hasta 2024, dirigidas a la conservación, así como a la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad de viviendas de uso particular, tanto en el ámbito urbano como rural, según publica este martes un extracto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).

Se trata de una línea de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a facilitar la financiación de la ejecución de obras en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de tipología residencial colectiva y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde este miércoles.

La Junta destinará una partida total de 2,8 millones de euros que desgranará en tres anualidades: 527.604 euros el próximo año; 1,7 millones en 2023; y 605.382 euros en 2024.

Los beneficiarios se distinguen en tres tipologías. Por un lado, las comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios. En segundo lugar, las personas físicas que sean propietarias de una vivienda unifamiliar aislada o agrupada en fila, siempre y cuando los ingresos de la unidad de convivencia residente no excedan cinco veces el IPREM.

Y por último, las personas físicas que sean propietarias de las viviendas situadas en edificios de tipología residencial colectiva, exclusivamente cuando se trate de obras destinadas a la mejora de accesibilidad y en el supuesto de que resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años. También contempla a los arrendatarios de las viviendas cuando éste y el propietario acuerden que sea el primero el que costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación a cambio del pago de la renta y cumplan las condiciones anteriores.

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