La consejera de Sanidad, Verónica Casado, defendió este viernes, 19 de febrero, las medidas restrictivas frente al avance del COVID-19 en lugares considerados por la literatura científica como “hipercontagiadores”, como son los restaurantes, gimnasios, cafeterías, hoteles, lugares de culto e, incluso, las consultas médicas, más allá de encerrar a todo el mundo en casa.
Casado, que compareció este viernes a petición propia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, aseguró que la Comunidad está en la parte baja de la tabla, al ser la décima autonomía con las medidas menos duras en esta tercera ola, lo que sin embargo no ha impedido controlarla.
En ese sentido, la consejera de Sanidad destacó la evidencia científica de las medidas adoptadas, tras detectar el 31 de enero un aumento de los casos. Así citó el adelanto del toque de queda a las 20 horas, el cierre de grandes establecimientos y centros comerciales, de instalaciones deportivas, el interior de la restauración y hostelería, la casas de juego y apuestas y la limitación de la movilidad, a lo que se añadieron las medidas excepcionalísimas con el cierre de la actividad no esencial a las 18 horas en algunos municipios.
Verónica Casado señaló que todas estas medidas han permitido que en esta tercera ola los informes de mortalidad evitable del Instituto de Salud Carlos III muestren que la Comunidad, pese a tener una de las mayores tasas de incidencia, ha conseguido disminuir la mortalidad.
La consejera de Sanidad reclamó la unidad en la toma de decisiones para no generar desafección y recordó que desde Castilla y León solicitaron reiteradamente al Ministerio de Sanidad herramientas suficientes para poder hacer confinamientos puntuales y rápidos en determinados lugares; poder modular el toque de queda al igual que en otros países; revisar el “semáforo”; normativa para hacer contrataciones y una reorganización nacional y la creación de la especialidad enfermería en cuidados críticos, entre otras.
Finalmente, Verónica Casado insistió en que España tiene una legislación “obsoleta”, como son a su juicio la Ley General de Sanidad y la de Medidas Especiales de Salud Pública que regulan las epidemias y pandemias desde 1986, con una revisión en 2011.
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