El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha lamentadoque la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular junto conCiudadanos, no incluya a los abogados en los préstamos del Instituto parala Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y que,al mismo tiempo, el PP presente una moción en el Senado para exigir alPSOE que extienda las ayudas nacionales para autónomos a abogados yprocuradores.
El presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, remitió elpasado 3 de abril una carta al consejero de Economía, CarlosFernández Carriedo, pidiéndole que no dejara fuera a los profesionalesmutualistas, pero todavía no ha obtenido respuesta.
“No tiene sentido desoír nuestras peticiones y que el mismopartido político actúe de manera contraría en el Senado”, asevera Sanz Orejudo,quien representa a un colectivo formado por más de 5.000 abogados que hanvisto parada su actividad a causa de la crisis sanitaria provocada por lapandemia del COVID-19, como la mayoría de los autónomos del país, por lo queexigen a la junta una reacción inmediata.
Abogacía desamparada
Desde el CACYL muestran su rechazo a que el Gobierno delPartido Popular de Castilla y León actúe dejando en “desamparo” a los abogadosde la Comunidad que presiden. “Los gobiernos populares de Andalucía y de Madridhan atendido la solicitud de la abogacía y han incluido a los mutualistas, peroen Castilla y León nos han discriminado”, se lamenta Sanz Orejudo, quienañade:
“Pero lo que ya clama al cielo es que el portavoz del PP enel Senado, y senador por designación de las Cortes de Castilla yLeón, Javier Maroto Aranzábal, firme una moción para que se apruebe laextensión de las ayudas del actual Gobierno socialista a los mutualistas. Notiene sentido”, apostilla.
En concreto, la Abogacía de Castilla y León solicita al Gobiernode la Comunidad que no deje fuera de esta medida a los letrados que tambiénnecesitan de una inyección de liquidez para sostener sus actividades tandañadas y paralizadas por la crisis sanitaria. Los préstamos que ofrece el ICE,de entre 6.000 y 40.000 euros sin intereses, con una carencia de hasta 12 mesesy una amortización de 3 años, pueden suponer una balsa importante para losletrados de la Comunidad.
“En su mayoría, los abogados ejercemos con cobertura dederechos pasivos con la Mutualidad de la Abogacía, al igual que otrosprofesionales como la procura, graduados sociales, médicos o arquitectos, quese encuentran incluidos en Régimen de Mutualistas y que, por tanto, quedaríantambién fuera de estas previsiones y ayudas”, explica el presidente del CACYL.
El Instituto para la Competitividad de Castilla y León dela Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León permitirá bonificar loscostes de las operaciones solicitadas por pymes de hasta cinco trabajadores yautónomos, y movilizará un valor global de 20 millones de euros, pero nocontempla la figura de los abogados mutualistas.
Abogacía paralizada
Las necesidades de financiación y de subvención públicaspara la prestación de servicios por parte de los profesionales de la abogacíaes una realidad en los duros momentos actuales. Las ayudas solicitadaspermitirán paliar el efecto de las necesidades sobrevenidas de los abogadosejercientes cubiertos por mutualidades, de modo equitativo a las medidasespecíficas para los trabajadores del RETA. Un traro acorde a la situaciónexcepcional provocada por el agente patógeno, ajena al curso normal de laeconomía y que obedece al interés general.