El Consejo de Ministros dará este martes luz verde definitiva al proyecto de ley que reducirá la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin merma salarial, una medida que afectará a unos 12 millones de trabajadores y que nace del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT.
La aprobación, que inicialmente estaba prevista para la semana pasada, se pospuso debido al apagón informático que afectó al Gobierno. Ahora, con los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social ya emitidos, el texto pasará al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Una de las claves de la norma es la reformulación del registro horario, que será digital, interoperable y en tiempo real, con el objetivo de garantizar que los trabajadores registren de forma personal y directa su jornada. Este control será obligatorio en todas las empresas, que deberán conservar los registros durante cuatro años y ponerlos a disposición de empleados, representantes legales e Inspección de Trabajo.
Además, el proyecto incorpora el derecho irrenunciable a la desconexión digital, lo que impedirá que las empresas exijan disponibilidad fuera del horario laboral.
Las sanciones se endurecen: las empresas que incumplan con el control horario o la reducción de jornada se enfrentarán a multas de hasta 10.000 euros por trabajador, en función de la gravedad de la infracción.
Una vez publicada en el BOE, la norma dará un plazo hasta el 31 de diciembre para que los convenios colectivos adapten sus condiciones. La patronal CEOE ha rechazado frontalmente la medida por su posible impacto en las pymes, mientras que los sindicatos aseguran que seguirán presionando en el Parlamento para que no se altere lo pactado.
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