Convocan movilizaciones este sábado en Salamanca para que la clase trabajadora “no pague la crisis del COVID-19”

La 'mayoría social' se une a la reivindicación nacional en defensa de los servicios públicos, por una salida a la crisis “con justicia social y ecológica”, vivienda “por derecho” y por unas pensiones “dignas” 

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 Terraza coronavirus
Terraza coronavirus

La Plataforma Plan de Choque Social de Castilla y León celebrará el sábado, 7 de noviembre, movilizaciones en las ciudades de Zamora, Salamanca y León para reclamar a las instituciones que que la clase trabajadora “no vuelva a pagar la crisis, en este caso la generada por el COVID-19”, según informaron en un comunicado.

Las concentraciones tendrán lugar en, la capital zamorana, en la Plaza de la Constitución, a las 12 horas; en Salamanca, en la Plaza de la Concordia, desde las 17.30 hasta las 18.30 horas, mediante una sentada reivindicativa; y en León, con una presentación a las 17.30 horas en la Plaza Don Gutierre.

Estas protestas se celebrarán igualmente en otras ciudades de España. El objetivo es unificar “esta lucha en torno a una movilización unitaria de impugnación global de la situación”. Así, la Plataforma reclamará la defensa de los servicios públicos, un ingreso “incondicional y suficiente para todas las personas”; una salida a la crisis “con justicia social y ecológica”; vivienda “por derecho” que permita “rescatar personas, no capital; y por unas pensiones “dignas” para todas las personas, con un mínimo de 1.084 euros y blindadas en la Constitución.

Estas concentraciones se sustentan en el trabajo que desde hace meses desarrollan varias organizaciones, colectivos y plataformas a nivel nacional para “la construcción de una respuesta de la clase trabajadora y la mayoría social, ante el rumbo que están tomando los acontecimientos con motivo de la pandemia por el coronavirus y de la crisis económica y social consecuente”. A su juicio, “una vez más, los poderes económicos y mediáticos, con sus tentáculos en las distintas instituciones y gobiernos, están consolidando su hoja de ruta para volver a salir indemnes de esta situación y hacer recaer todo el peso de las consecuencias económicas y sociales sobre la clase trabajadora y las personas más desfavorecidas, poniendo en primera línea de las prioridades sacar oportunidad de la crisis, obviando cualquier criterio de justicia social y medioambiental y condenando a millones de personas al sufrimiento”.

En este sentido, los convocantes denunciaron que las grandes empresas “han seguido lucrándose pese a anunciar a bombo y platillo las pérdidas que podían suponer las restricciones”. Para ello, continuaron, “no han dudado en parasitar lo público sin rubor para nutrir sus beneficios a costa del sufrimiento de los trabajadores”. “Tampoco les ha temblado el pulso a la hora de posicionarse los primeros en la fila para recibir los fondos públicos. Mientras, la patronal y los poderes económicos se reúnen en foros y seminarios con el objetivo de articular e imponer a los gobiernos los criterios políticos para que, una vez más el peso de las consecuencias de la pandemia recaiga sobre nosotros”, criticaron.

Por todo ello, además de las movilizaciones descentralizadas por todo el Estado para el sábado, la Plataforma apoya la huelga general convocada en Madrid para el 11 de noviembre. “Es hora ya de que la clase trabajadora y la mayoría social deje claro que no estamos dispuestas a volver a pagar la crisis generada por el coronavirus, con nuestra salud, con nuestros derechos, con nuestras condiciones de vida, con nuestro territorio”, aseveraron en un comunicado, en que vaticinan que el 7 de noviembre “hay que demostrar con firmeza la voluntad de lucha y resistencia”.

Así, exigieron prohibir “los desahucios sin alternativa habitacional (como mínimo hasta el 31de diciembre de 2021) “cuando la propiedad es de grandes propietarios, obligando a los bancos a hacer alquileres sociales, y cuando es de pequeño propietario, obligando a las administraciones a alojar a las familias, cumpliendo así el Dictamen del Comité DESC de Naciones Unidas”. También, pidieron adoptar medidas de limitación y control de precios de los alquileres.

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