Veinte años tardó en instalarse El Corte Inglés en Salamanca. Las continuas trabas que el centro comercial encontraba para su llegada a la capital del Tormes quedaron solventadas con el nuevo siglo. Con una inversión de 115 millones de euros, se asentaría en el solar del viejo cuartel de caballería Julián Sánchez El Charro, modificando la fisonomía de la zona. Hasta se cambió el nombre de la calle, de Federico Anaya a María Auxiliadora, y se estableció el estacionamiento de pago en el barrio.
Pero desde entonces los problemas urbanísticos se suceden, como viene informando SALAMANCA24HORAS. Hace tres años, tras la primera sentencia del Tribunal Supremo, que anula el convenio por el cual se permitió construir el centro comercial, este diario titulaba en un reportaje ‘El Corte Inglés pasa de generador de empleo a quebradero de cabeza’. Tres años después, el maná laboral se ha indigestado y continúan provocando una continua jaqueca, pues esta semana el grupo comercial ha reclamado al Ayuntamiento de Salamanca al menos 150 millones de euros de indemnización si finalmente tiene que cerrar sus puertas y demoler el edificio.
El 11 de septiembre de 2009, a las 9:47 horas, se abría al público el centro comercial con una plantilla de 684 trabajadores. Aquella primera jornada, 36.716 personas pasaron por El Corte Inglés, superando las previsiones iniciales. Los tres primeros productos que se vendieron fueron un periódico, un bolso y un estuche de maquillaje. Siete años y medio después, la plantilla es menor, pues el propio grupo comercial cuantifica los trabajadores en torno a cuatrocientos en su reclamación de indemnización, y las visitas diarias también.
La incertidumbre se cierne ahora sobre el futuro de El Corte Inglés. Su situación ahora mismo es de alegalidad tras confirmar la Justicia la anulación de la licencia de construcción que un Juzgado de Salamanca dictó acorde a otra sentencia anterior del Tribunal Supremo en contra de los grandes almacenes. Actualmente hay un proceso de moratoria de dos años por parte de la Junta de Castilla y León para que el Ayuntamiento solvente el entuerto urbanístico. Pero equipo de Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo porque El Corte Inglés no colabora en la cesión de terrenos que se reclaman para la ciudad.
Los denunciantes, entonces el grupo político ecologista Equo, en el Ayuntamiento integrado en la agrupación de electores Ganemos, considera que la ciudad debe recibir una compensación de 20.000 metros cuadrados para construir equipamientos deportivos o de utilidad social, pues esta superficie de terreno es de la que se benefició El Corte Inglés. PSOE y Ciudadanos también consideran que hubo un perjuicio a la ciudad y debe haber compensaciones. Varias son las propuestas, como por ejemplo convertir en parque público el solar del convento de Adoratrices, pero desde el equipo de Gobierno del PP abogan por una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Por el momento, todos acordaron por unanimidad el pasado mes de noviembre revisar el convenio urbanístico que permitió la construcción de El Corte Inglés de Salamanca y a partir de ahí, tras ver quién salió más beneficiado y quién más perjudicado entre Ayuntamiento, Ministerio de Defensa y grupo comercial, establecer las correspondientes reclamaciones y soluciones.
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