La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha lamentado lo que ha calificado como un "nuevo varapalo" para la Función Pública de la Junta, "con la decisión de los tribunales de anular el concurso abierto y permanente de funcionarios".
Según dicen, "la Justicia da tal revés al consejero de la Presidencia, que deja en evidencia el garrafal error y la chapuza de una gestión desastrosa e ineficaz, por parte de los máximos responsables de Función Pública", considera el sindicato.
En una nota de prensa reflejan que una sentencia ha estimado el recurso de la Asociación de Letrados de Castilla y León contra la resolución de 11 de octubre de 2018 por la que se convocaba concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de Castilla y León.
Ante ello, consideran que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, "tiene que tomar medidas con esta situación de anulación de facto del ese concurso, donde han participado 6.000 funcionarios que llevan, en algunos casos, más de 10 años sin poder participar en un concurso, que no llega por la ineficacia y la falta de un trabajo correcto y adecuado, que se le debe suponer a los máximos responsables de la Función Pública en la Junta de Castilla y León”.
Asimismo, acusa a Función Pública de la Junta de “una huida hacia adelante que, seguramente, no servirá para nada, después de aprobar el nuevo catálogo de puestos fijos y las relaciones de puestos de trabajo. Demuestra que el estilo seguido en la negociación basado en la prepotencia lleva al desastre, por lo que esta actitud y esta forma de negociar debe cambiar, con un nuevo equipo político”.
“Los funcionarios no van a entender esta situación, cuando a los empleados públicos se les exigen un trabajo profesional y responsable en sus puestos, para dar un servicio público de calidad; mientras que sus responsables de Función Pública no son capaces de cumplir y sacar adelante los acuerdos que se han alcanzado con las organizaciones sindicales”, critica CSIF, porque -al final- quienes pagan las consecuencias son los trabajadores públicos. “Sin tener ninguna culpa, han perdido una oportunidad largamente esperada, para poder desarrollar su carrera profesional a través de estos procesos de movilidad, ahora anulados”. El malestar entre los empleados públicos es “manifiestamente de enfado e incomprensión por esta situación”.
CSIF quiere dejar claro que “en vez de corregir la situación generada, que según consta en la sentencia no parecer la solución, hay que dar una solución política a el área de Función Pública en la Junta, además de encontrar una solución al fallo de la anulación del concurso”.
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