CSIF ha lamentado medianta una nota de prensa "el progresivo desmantelamiento de la protección de los consumidores y usuarios de Castilla y León".
“La Junta promulga su defensa, pero a su vez reduce de manera lenta y progresiva las herramientas para su protección”, apunta CSIF, que recuerda que “a la escasez endémica de medios humanos y materiales, en este cuerpo especial, se añade una normativa que deja indefensos a colectivos muy vulnerables, se sumará el descabezamiento de sus responsables en Consumo”.
Según el sindicato, actualmente son 35 los inspectores de consumo, de los que cinco se encuentran en Salamanca. En la provincia, el jefe de sección dejará el puesto en un horizonte máximo de cinco años.
Hasta ahora, según CSIF, el grueso de las Jefaturas de Sección de la Inspección de Consumo de las provincias “estaban ocupadas por funcionarios con una amplia experiencia y formación en materia de consumo, porque en su momento se primaba este hecho como fundamental para ofrecer un servicio público de calidad”.
Sin embargo, ironiza CSIF, “ahora estamos en un momento en que se está produciendo el relevo generacional, y la Junta considera que no es importante que el máximo responsable provincial de preservar la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios castellanos y leoneses tenga experiencia y formación en consumo”.
Para el sindicato, acceder a una plaza de inspector de Consumo es una de las oposiciones más complicadas, por su extenso temario en constante actualización, por la complejidad y la transversalidad de las materias, y por la responsabilidad de su trabajo, que tiene que garantizar la seguridad y los derechos del consumidor. Pues bien, todos estos inspectores, si no cambian las cosas, “en breve serán dirigidos por alguien que no sabe nada de la materia, y al que nadie le obliga que sepa una vez obtenida la plaza. En definitiva, un flaco favor a la defensa de los consumidores”, explica CSIF.
De ellos se han hecho eco los inspectores y CSIF a lo que el secretario general de la Consejería de Economía, es decir, el máximo responsable de personal, en escrito de contestación ya reconoció que se debe valorar la formación en materia de consumo para ser jefe de Sección. Este sindicato ha pedido a la viceconsejera de Función Pública, "no ya que atienda las peticiones de los funcionarios o de este sindicato, sino el informe técnico que la Dirección General de Comercio y Consumo ha elaborado, confirmando que es preciso mantener el nivel de especialización de un cuerpo encargado de un servicio tan fundamental y sensible".
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