El Ministerio de Política Territorial y Función Pública haredactado una instrucción para la vuelta presencial al trabajo de los cerca de200.000 empleados y empleadas públicos en la Administración General del Estado(AGE) “que no ofrece garantías sanitarias suficientes ni criterios precisos deorganización ante la desescalada. Esta instrucción va dirigida a todos losdepartamentos ministeriales y organismos públicos de la AGE”, denuncia CSIF enun comunicado.
El sindicato exige la realización obligatoria de la pruebadiagnóstica PCR para garantizar que no se producen contagios “y preservar asíla salud de la ciudadanía que acude a las oficinas de la AGE y la de los/asempleados públicos”.
CSIF considera que se debe hacer test a todo el personal,incluido los asintomáticos, a los que han estado trabajando como servicioesencial y aquellos que han estado en aislamiento por contagio o sospecha.
Además, en los puestos de atención al público “solo serecomienda disponer de barreras físicas para evitar el contacto; no segarantiza la dotación de guantes y mascarilla ni para el trabajador ni para elpúblico; no se garantiza la cita previa”.
El sindicato valora como imprescindible la instalación demamparas, la limitación de consultas a las acordadas con cita previa y laobligación de proporcionar guantes, mascarillas e hidrogel al público a laentrada de los organismos así como de los EPIs para el personal que les atiendepara evitar el riesgo de contagio en ambos sentidos.
“Si con ello no fuese suficiente, en el documento no segarantiza la implementación de las medidas preventivas, puesto que será cadauno de los departamentos y sus organismos dependientes, dentro de su ámbitoorganizativo, los que deben adoptar o actualizar sus medidas y actuacionespreventivas. CSIF exigía evitar la discrecionalidad en la implementación de lasmedidas mínimas exigibles para garantizar la protección de la seguridadgarantizando estas en el documento”, apuntan.
En definitiva, CSIF considera que la instrucción:
– No reúne las condiciones imprescindibles de seguridad paraabordar con garantías la reincorporación del conjunto de los/as empleadospúbicos.
– No garantiza el derecho de los trabajadores a unaprotección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, conformeestablece el Art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
– No garantiza la seguridad a los ciudadanos en susrelaciones presenciales con la Administración.
“Las administraciones públicas deben ser un ejemplo ygarantizar por todos los medios la seguridad de la ciudadanía y de susplantillas. CSIF, como agente activo de la sociedad civil y organización másrepresentativa en nuestras administraciones, seguirá trabajando y ofrece sumano tendida al Ministerio para que la reincorporación presencial del conjuntode empleados púbicos se haga con las máximas garantías”, finalizan elcomunicado.