CSIF presenta alegaciones a Ley de Función Pública para garantizar los mismos derechos y permisos a todos los empleados de la Junta

Considera que no es el momento adecuado de cambiar la normativa autonómica y que habría que esperar a conocer la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público en la que trabaja el Gobierno

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Empleados públicos
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CSIF ha presentado alegaciones al anteproyecto elaborado por la Junta de Castilla y León para modificar la Ley de Función Pública, al considerar que presenta una serie de deficiencias como la oportunidad de homogeneizar y establecer un mismo régimen de derechos y permisos para todo el personal de la administración de la Junta, sea funcionario, laboral o estatutario, ante las mismas situaciones personales y familiares.

El anteproyecto, según destaca el sindicato en un comunicado recogido por Ical, tampoco trata adecuadamente la cuestión de la temporalidad del empleado público. Así, argumenta que, según el anteproyecto, el interino no recibirá una indemnización en caso de no continuar en el puesto, cuando ahora mismo el Gobierno de España está trabajando en la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que se prevé y se baraja dar esa indemnización. “Se obvia las recientes sentencias de la justicia europea y del Supremos español, lo que es un grave error”, lamenta el sindicato independiente.

Además, considera “inoportuno e inadecuado” el momento de la modificación de la Ley de Función Pública de Castilla y León, ya que habría que esperar a conocer los cambios de la futura norma estatal. En este sentido, la organización sindical independiente recuerda que “llevamos quince años esperando a que la Junta adapte su ley, que es de 2005, al Estatuto Básico nacional que regula la normativa sobre las relaciones con el empleado público, que es de 2007, aprobándose posteriormente el texto refundido en 2015”.

CSIF ha presentado, aprovechando el periodo de información pública, las primeras alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública de Castilla y León, si bien insiste en que Junta y organizaciones sindicales deben hablar y acordar sobre diferentes cuestiones que hay que aclarar y mejorar. Entre ellas, la regulación de la llamada valoración del desempeño del empleado público, un asunto “polémico y tremendamente complejo, que podría poner en riesgo y menoscabar la independencia del trabajador ante posibles arbitrariedades de sus responsables superiores, y que choca frontalmente con el derecho a la inamovilidad del trabajador”.

Por último, desde el sindicato se destaca que la futura Ley de Función Pública de la Junta sigue siendo una normativa “muy asimétrica”, en beneficio de la administración, a la que concede todo el peso a la hora de tomar decisiones, sin dejar apenas espacio a la negociación y al acuerdo”.

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