La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado hoy una demanda ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el 'decretazo' sanitario de la Junta de Castilla y León del pasado mes de noviembre.
La decisión obedece a que CSIF es consciente de estar ya ante la tercera ola provocada por la COVID-19, y de que la negociación de ese Decreto 2/2020, que regula la organización y trabajo de los sanitarios de Sacyl, está totalmente estancada por la falta de voluntad del Gobierno autonómico.
CSIF comunicará la justificación de esta decisión a la consejera de Sanidad, así como a todos los empleados de Sacyl, dejando clara su posición, "dado que el Decreto vulnera escandalosamente las condiciones laborales de los profesionales que integran los centros sanitarios de Castilla y León".
El sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, aclara que seguirá presente en las negociaciones que se lleven a cabo en la Mesa Sectorial de Sanidad "con el objetivo de evitar la aplicación del 'decretazo' impuesto por la Junta, así como conseguir un acuerdo que no lesione ningún derecho laboral de los empleados públicos".
El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Juán-Carlos Gutiérrez-Rodilla, insiste en que "la negociación deberá llevarse a cabo bajo los principios de buena fe, confianza legítima, reconocimiento y colaboración mutua, igualdad en la negociación, transparencia, participación y lealtad institucional".
Es por ello que exige que, "mientras dure esa negociación y, en el futuro, se cese inmediatamente de aplicar medidas contra los sanitarios de esta Comunidad".
CSIF, como sindicato mayoritario en la Administración Pública, seguirá apostando por la vía negociadora en la defensa de los intereses de los trabajadores, pero "se opondrá a toda acción que suponga lesionar los derechos de los empleados de Sacyl que, en un momento tan delicado como el que estamos sufriendo, se desviven por prestar a los pacientes la mejor atención sanitaria, al igual que debería hacer la Consejería de Sanidad".
Remarca que "no renunciamos ni renunciaremos" a toda vía de derecho que quede abierta para luchar contra un Decreto que considera "injusto, ineficaz y arbitrario".