Esta resolución es elcumplimiento de una sentencia de 21 de febrero del Tribunal Superior deJusticia de Castilla y León, de la Sala de lo Contencioso Administrativo deValladolid, dictada ante un recurso de apelación presentado por la Junta, poruna sentencia anterior contra una decisión de la Junta respecto al concurso.
Porello, el responsable del sector de la Administración General de la Junta deCSIF en Castilla y León, Mariano Prieto, no entiende por qué la Junta haesperado a publicar esta resolución de obligado cumplimiento en el últimominuto, sin llamar previamente a los representantes sindicales y, por tanto, “sinque los responsables políticos hayan dado la cara ante los funcionariosafectados”.
Ahora, ante la alarma generada, añade Prieto,“es muy importante que la Junta, en este caso la directora general de FunciónPública o la consejera de la Presidencia en funciones, “nos informen de lasconsecuencias que puede tener esta resolución -del 12 de junio- para losfuncionarios que se han acogido al concurso de méritos”.
Prieto recuerda que hay funcionarios quellevan sin concurso 10 años, lo que les afecta tanto a sus posibilidades depromoción y carrera profesional, como a la conciliación de la vida laboral yfamiliar y, por supuesto, a sus intereses económicos. “Tengamos en cuenta queCastilla y León es la región más extensa de la Unión Europea, y que unfuncionario puede ser destinado en Ponferrada (León) y tener a la familia enSoria, a cientos de kilómetros; y que haya plazas vacantes en Soria, y que nopueda estar con su familia por el simple hecho de que la Junta no cumple con suresponsabilidad, y no saca adelante el concurso”, apunta.
CSIF lamenta que “la Junta, durante estosúltimos años, haya reiterado la imposición de condiciones sin escuchar a lossindicatos, los legítimos representantes de los empleados públicos. Es el resultadode una nefasta gestión en Función Pública y de una escasa negociación, que haido provocando una avalancha de recursos judiciales que, ante la inseguridadjurídica generada, han puesto en peligro derechos básicos de los empleadospúblicos”.
CSIF pide al nuevo Gobierno regional “que setome en serio, de una vez, la gestión laboral de sus empleados, y que no jueguecon ellos, para que no vuelva a repetirse el desastre que se ha sufrido estalegislatura, que hoy aún mantiene en vilo el futuro del concurso público ypermanente de los funcionarios”.