CSIF y la Seguridad Social analizan incentivar a los funcionarios que prorroguen de manera voluntaria su jubilación más allá de los 60

También se propone reconocer la jubilación anticipada en la Sanidad

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Gente por las calles de Salamanca en invierno
Gente por las calles de Salamanca en invierno

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha mantenido este miércoles una reunión con el gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para trasladarles nuestras propuestas en materia de pensiones. Encima de la mesa hay dos ideas fundamentales que desde la Seguridad Social se comprometen a estudiar: incentivar un 5% anual acumulable al personal de clases pasivas que, con carácter voluntario, decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años con el 100% de su haber regulador y favorecer la jubilación anticipada para el personal de la Sanidad, teniendo en cuenta la penosidad de sus condiciones de trabajo.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, las jubilaciones voluntarias en el año 2020 se incrementaron en un 21,9 por ciento con respecto a la media de 2018 y 2019, ante la incertidumbre creada en el colectivo de funcionarios por el traspaso de las Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda al de la Seguridad Social. Este cambio de competencias y la situación económica han generado el temor de que se puedan producir recortes en la pensión. Según una proyección realizado por CSIF sobre las 10.502 jubilaciones voluntarias producidas en 2020, si el 50 por ciento de las mismas hubieran prorrogado su vida laboral, podría haber generado un ahorro para el estado de 49, 5 millones de euros.

Esta propuesta además de ser viable puesto que no genera gasto, permitiría incrementar hasta un 25% la cuantía de la pensión de los funcionarios pertenecientes a Clases Pasivas y con ello corregir la desigualdad económica con respecto al Régimen General. CSIF sigue exigiendo el incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas con el fin de equiparar su cuantía a las pensiones del régimen de la Seguridad Social. Se da la circunstancia de que en el régimen funcionarial al computarse toda la vida laboral se minora en mayor medida la cuantía de la pensión, fundamentalmente en aquellos casos en que el empleado/a público ha promocionado a cuerpos superiores.

Esta situación provoca una minoración de la pensión de entre un 15 y un 35 por ciento, en relación al Régimen General. JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA EL PERSONAL DE LA SANIDAD Por otra parte, CSIF ha reclamado al Ministerio de la Seguridad Social el establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de la jubilación al personal de la Sanidad.

CSIF reclama este anticipo en la edad de jubilación teniendo en cuenta las características profesionales de determinados colectivos que realizan trabajos de especial penosidad, con efectos sobre la salud, la exposición a riesgos biológicos o químicos, asociados al lugar de trabajo, guardias, trabajo nocturno, etc. De esta manera, el personal de la Sanidad tendría una consideración similar a la de otros colectivos que ya tienen reconocido este derecho, con un procedimiento de coeficientes reductores, como ocurrió recientemente con el personal de la Policía Local.

Además, a nivel general, CSIF ha planteado para el conjunto de personas trabajadoras las siguientes propuestas:

• Jubilación voluntaria a los 60 años con un periodo mínimo de cotización 30 años

• 100% de la pensión con un periodo de cotización igual o superior a 38 años para las jubilaciones voluntarias (si tienes menos años cotizados, se descontaría un 3 por ciento por cada año que reste hasta los 38).

• Se podrá acceder a la jubilación voluntaria a cualquier edad con un periodo de cotización igual o superior a 40 años. CSIF se ha manifestado en contra de la reforma de las Pensiones porque supone un nuevo recorte a los derechos de las personas trabajadoras a acceder a la jubilación voluntaria, a partir de los 35 años de cotización, que podrían perder hasta 8.000 euros al año por los nuevos criterios que endurecen las condiciones de la pensión y los tramos reductores.

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