La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) urgea la Junta de Castilla y León “que revise y se asegure la retirada inmediata detodas las mascarillas defectuosas del tipo FFP2, que se han repartido endiversos servicios y provincias de la Comunidad; exige el test de diagnósticopor PCR para los trabajadores que las hayan utilizado; y reclama explicaciones,especialmente al gerente regional de Servicios Sociales, de cómo han llegadoesas mascarillas y quiénes son los responsables.
CSIF reclama a laadministración autonómica que informe “suficientemente y con transparencia”, alos comités de Seguridad y Salud Laboral sobre todas las circunstancias de ladistribución de equipos de protección individual (EPIs), de los trabajadores dela Junta contagiados y afectados, o de la situación en la que se estánatendiendo y ofreciendo los diferentes servicios públicos a los usuarios. “Unainformación que no se está dando. Al contrario, todo son pegas y obstáculos”,recalca CSIF.
CSIF teme, “según sospechan diversosafiliados, que se haya podido retirar el envoltorio a una parte de las mascarillasdefectuosas, que se hayan entregado en mano al trabajador, y que -por tanto- nohaya podido comprobar que carecían del marcado europeo de garantía CE”. Lamenta que “no hay derecho a que después desemanas con falta de material de protección, ahora se repartan mascarillas queno cumplen la normativa de fiabilidad, y que haya habido trabajadores expuestosal contagio del Covid-19 que pensaban que estaban seguros, cuando la realidades que han podido contagiarse con el uso de esas mascarillas”.
CSIF tiene constancia de que mascarillas FFP2no aptas para la protección ante un posible contagio por Covid-19 se hanrepartido -al menos- a agentes medioambientales de León y Palencia, que pareceque no han llegado a utilizar. Asimismo, han llegado a centros administrativosde delegaciones territoriales de la Junta, o a centros asistenciales de lasgerencias de Servicios Sociales de Ávila o Soria, donde sí se han utilizado enalgún caso, según CSIF.
Como se sabe ya, la partida de mascarillas FFP2no aptas repartidas corresponden al modelo N95 ‘Garry Galaxy’, en envase verde,que “no cumplen con ninguna clasificación indicada en la norma UNE-EN-149:2001+A1:2010”,según ha detallado un informe emitido por el Ministerio de Trabajo y EconomíaSocial, que es quien las ha repartido a las comunidades, y quien ha ordenado suretirada. Esas mascarillas no reúnen las condiciones de protección suficientespara impedir que quien la lleva puesta se pueda contagiar de coronavirus,aunque sí evita que pueda propagar el virus a otras personas. Además de en Castilla y León, CSIF haconfirmado que se han repartido en Madrid, Cataluña, Andalucía, La Rioja oCastilla-La Mancha.
CSIF critica la falta de previsión, así comola improvisación del Ministerio de Sanidad y de las administracionesautonómicas, que vuelven a retirar material de protección por no cumplir conlos estándares de calidad. Además, considera que este nuevo error supone undoble perjuicio: el que sufrirán de nuevo las arcas públicas por la compra deun material inservible y, sobre todo, el que sufren los trabajadores que hanestado usando unas mascarillas que no realizaban su función de protección anteCovid-19.
Los profesionales que se están jugando susalud y las de sus familias, en la primera línea de la lucha contra elcoronavirus, “lo mínimo que esperan es que el material de protección que lesden reúna los requisitos y la seguridad suficiente”, dice CSIF. “Por eso esexigible una clara responsabilidad técnica y política a quienes han tomado lasdecisiones”, concluye.