El Defensor del Pueblo cree necesario que la Administración preste "la mayor atención posible" a las reivindicaciones de mejora retributiva de los militares, aunque reconoce que no puede denunciarse una discriminación constitucional respecto a los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La equiparación salarial comprometida por el Gobierno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado elevaron las reivindicaciones de los miembros de las Fuerzas Armadas para obtener también una mejora de sus sueldos.
Según denuncian, con la nueva situación un soldado de las Fuerzas Armadas cobrará 1.000 euros menos que un policía o un guardia civil recién salidos de la academia, un sargento con varios años de servicio, 500 euros menos, y un teniente (que obligatoriamente debe tener titulación universitaria) 200 euros menos.
Esta situación ha motivado un "elevado" número de quejas ante el Defensor del Pueblo en las que los militares muestran su "disconformidad" por sus diferencias retributivas con los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según consta en el informe del año 2020, recogido por Europa Press.
La institución dirigida por Francisco Fernández Marugán recuerda que las cuantías de las retribuciones son fijadas en la ley de Presupuestos Generales del Estado y apunta que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre igualdad retributiva, estableciendo que la diferencia entre funcionarios que desempeñan similares de puestos no constituye una vulneración del derecho de igualdad.
Por ello, el Defensor del Pueblo responde que el incremento retributivo negociado entre el Ministerio del Interior y los representantes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede considerarse como "un trato discriminatorio desde la perspectiva constitucional" hacia los miembros de las Fuerzas Armadas y, por tanto, la institución no puede actuar.
Sin embargo, sí que manifiesta su "comprensión" por la reivindicación retributiva e insta "a que se preste la mayor atención posible por parte de los diversos órganos de la Administración a las condiciones en las que los miembros de las Fuerzas Armadas desempeñan su labor". Todo ello "al objeto de que cuenten con los instrumentos necesarios y cauces eficaces para la mejora de sus condiciones laborales".
Militares de 45 años
Otra de las quejas más habituales recibidas por el Defensor del Pueblo en relación a los Ejércitos es la referente a la salida de las Fuerzas Armadas de los militares temporales al cumplir los 45 años. Según apunta el informe, la institución ha pedido información actualizada al Ministerio de Defensa sobre las medidas adoptadas para facilitar la reinserción en el mercado laboral civil de este personal, así como en otras administraciones públicas.
Y valora especialmente las medidas encaminadas a la mejora de su formación y la realización de cursos que les permitan la obtención de certificaciones de profesionalidad, reconociendo "el esfuerzo" del Ministerio de Defensa junto a los de Educación y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "para atender a medio y corto plazo la problemática" relativa a la inserción laboral de los militares temporales.
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