La Delegación del Gobierno en Castilla y León,a través de sus nueve subdelegaciones, notificó en la tarde este viernes, 15 demayo, mediante las correspondientes resoluciones la prohibición de celebraciónde manifestaciones previstas para el día 23 de mayo en las capitales deprovincia de la Comunidad Autónoma -entre ellas Salamanca-, comunicadas en nombre de la formaciónpolítica Vox.
Las resoluciones se basan en los informesdesfavorables recabados a la vista de las comunicaciones, entre los que destacael de los Servicios Territoriales de Sanidad de la Junta de Castilla y León, enel sentido de que la manifestación puede suponer un riesgo para la integridadfísica tanto de los participantes en las mismas como de los miembros de losCuerpos y Fuerzas de Seguridad, al existir una acumulación de personas.
Por el mismo motivo, señalan los informes,"en tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales ycon independencia de las medidas propuestas en las comunicaciones, lacelebración de las manifestaciones podría suponer un peligro para la SaludPública al ser una posible fuente de propagación del virus".
En las resoluciones se recuerda que, si bienel derecho de reunión es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 21de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 dejulio, el artículo 10 de esta última otorga la competencia para limitar oprohibir la reunión o manifestación a la autoridad gubernativa, "ante laexistencia de razones fundadas que puedan producir alteraciones de ordenpúblico con peligro para personas y bienes".
Así pues, el derecho no tiene carácterabsoluto, sino "unos límites determinados por el derecho de los demásciudadanos a ser respetados en sus derechos e intereses, lo que hace entrar enjuego la potestad y el deber del poder público de garantizar la seguridad, y elorden general", algo que rubrica el artículo 11.2 del Convenio Europeo dederechos humanos y libertades públicas, que posibilita restricciones olimitaciones motivadas, entre otras, en razones de salud pública.
Tampoco puede obviarse el criterio delTribunal Constitucional, que considera que “la declaración del estado de alarmano permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 de laConstitución, contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que puedensuponer limitaciones o restricciones a su ejercicio (STC 83/2016).
Al criterio sanitario se unen, además,diversos informes policiales en los que, teniendo en cuenta los itinerariosprevistos en las comunicaciones se recuerda que las capitales de Castilla yLeón continúan en la FASE 0 del Plan para la Transición hacia una NuevaNormalidad, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril de 2020,por lo que no son de aplicación las medidas de flexibilización de caráctersocial recogidas en la Orden SND/386/2020.
En este sentido, los convocantes dejan laconvocatoria “abierta a todos los ciudadanos”, por lo que "puedeproducirse una gran afluencia de personas que impida el distanciamiento socialapropiado para evitar la transmisión de la enfermedad", como señala, porejemplo, el informe de la Policía Nacional de Valladolid, que considera que"se podría poner en riesgo la salud de los participantes así como de losfuncionarios policiales, desplegados como garantes del desarrollo del acto, asícomo personas que se hallaran por las inmediaciones dentro de los puntosprevistos por la normativa vigente referida al estado de alarma”.