A lo largo de este año 2020, prácticamente la totalidad de la enseñanza que se imparte en todo el mundo ha debido interrumpir la presencialidad de la educación, para verse obligada a explorar nuevas formas de aprendizaje, a través de la enseñanza a distancia apoyada en aparatos tecnológicos. Incluso, en el momento actual, alrededor de 700 millones de estudiantes no han recuperado la enseñanza presencial, lo que puede conllevar graves consecuencias como el aumento de desigualdades y agrandar la brecha social.
Según indican desde STECyL, por otra parte, los países que han recuperado la actividad lectiva presencial han debido implementar medidas para asegurar la salud de toda la comunidad educativa, que es lo mismo —en este caso— que decir, de toda la sociedad, ya que el contagio que provoca el virus COVID-19 no se limita a sectores concretos.
Sin embargo, esas medidas no han sido las adecuadas en algunos países. En España, con la excepción de alguna Comunidad Autónoma, tampoco. La lista de medidas que se deberían haber implementado y no se ha hecho, es larga: no se ha rebajado la ratio, no se ha contratado el número de profesorado necesario, en la mayoría de Comunidades Autónomas no se han realizado pruebas PCR a los miembros de la comunidad educativa, no se está protegiendo al profesorado con especial vulnerabilidad, los centros educativos no disponen de personal con conocimientos sanitarios…, entre un largo etcétera.
En esta situación, en la que la dotación económica que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas para educación, es inferior a las ayudas económicas prestadas a sectores como el automovilístico o el del turismo, la salud del docente no está asegurada. Lo hemos comprobado en las primeras semanas de clase en las que el número de profesoras y profesores infectados en las aulas se cuentan por cientos.
La situación laboral no es mucho mejor. Los contratos que se están realizando al profesorado que se contrata es, en muchos casos, de una duración limitada, ahondando en un problema ya endémico en la Administración de nuestro país: la precariedad en el empleo. Si, el año pasado, la tasa de interinidad en la educación, sobrepasaba el 20%, después de la irrupción de la pandemia -al haberse suspendido la realización de la convocatoria de oposiciones- actualmente afecta a un tercio del conjunto del profesorado de la enseñanza pública a nivel estatal.
Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señalan que el Estado Español ha cometido fraude ley y ha abusado en la contratación del personal interino que ha concatenado contratos durante más de tres años, ya que, “sobre la base de una relación de servicio de duración determinada”, estas personas han “desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se debe al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar en el plazo previsto un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante”, como dice textualmente la última de esas sentencias, con fecha 19 de marzo de este mismo año.
"A pesar de ello, actualmente alrededor de 170.000 docentes en el sistema educativo no universitario de nuestro estado, están en situación de interinidad. Urge una solución, ya que mientras esta no se dé, todas las declaraciones políticas de respeto y ensalzamiento hacia la figura deldocente no dejarán de ser palabras huecas, que no se traducen en hechos. Como lo son, las que escuchamos estos días por parte de responsables ministeriales y de las consejerías autonómicas, mientras dejan al profesorado expuesto en medio de una pandemia sin paragón en el último siglo", comunican desde STECyL.
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