El nuevo curso escolar en Castilla y León arrancó en septiembre con total normalidad tras dos años con restricciones y enseñanza telemática por la pandemia del COVID por el cierre de los centros. Además, comenzó con importantes novedades como la entrada de unos 10.000 niños de dos años en el sistema educativo de forma educativa y la entrada en vigor de la nueva ley LomLOE mientras que continuaron las exigencias de la Junta al Gobierno de España para la puesta en marcha de una prueba única de la EBAU, de acceso a la universidad.
Un total de 9.993 niños nacidos en el año 2020 obtuvo una plaza gratuita en el tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil. Se repartieron entre 276 centros privados, que recibieron una subvención de la Junta de 13,9 millones de euros, y 224 centros de entidades locales, que han percibido 12,7 millones para hacer frente a los gastos de escolarización del alumnado, además de otros 153 instalaciones gestionadas por la administración autonómica.
De esta manera, el 78 por ciento de los niños nacidos en el año 2020 entró en el sistema educativo de forma gratuita a los 2 años. Algo que, según la Consejería de Educación, supondrá un ahorro mensual de 175 euros. Es decir, casi 2.000 euros al año por niño.
Además, el curso escolar 2022-2023 implantó algunas medidas acordadas entre la Junta y los sindicatos educativos como la bajada de ratios en las aulas y la mejora de plantillas, con con 645 profesores más, y del horario lectivo. El objetivo es que el próximo curso se cumplan las ratios en todos los grupos, de modo que en Infantil y Primaria desciendan de 25 a 22, en Secundaria, de 30 a 27, y en Bachillerato, de 35 a 33.
Otro de los temas candentes a lo largo del año, según recogió la Agencia Ical, fue la implantación de la LomLOE en Castilla y León, después de que la Consejería de Educación criticara la falta “calidad” y “criterio crítico”, además de pecar de ausencia de contenido. En concreto, la consejera Rocío Lucas cargó contra los currículos pero precisó que la ley orgánica estaba en vigor, por lo que había que cumplirla. Eso sí, la Junta aprovechó que el 40 por ciento que le corresponde regular a las comunidades autónomas para mejorarlos y “paliar” las “deficiencias” que presentan los planes de estudios nacionales, además de homogeneizar los currículos de las cuatro etapas (Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato). En este sentido, los libros de textos que tienen los alumnos de ESO de la Comunidad incluyen la incorporación de Filosofía en Cuarto, el estudio cronológico de la Historia y el peso de las segundas lenguas extranjeras.
En Bachillerato, se incrementaron los principios generales, fomentando la garantía de la igualdad de oportunidades y la concepción de los centros que lo imparten como espacios de aprendizaje y socialización. Asimismo, se estableció esta etapa como un proceso educativo evolutivo que desarrolla las distintas dimensiones del alumnado como continuidad de la ESO y como experiencia y preparación para la incorporación a estudios superiores y para la inserción laboral.
Concretamente, el currículo recoge en Lengua Castellana y Literatura el estudio de obras como ‘El Lazarillo de Tormes’, ‘La Celestina’ o ‘El Quijote’. Asimismo, los alumnos castellanos y leoneses recibirán las mismas horas y los mismos contenidos que hasta ahora en la asignatura de Historia de España, manteniéndose el estudio de forma cronológica y no solo desde 1812. De este modo, en segundo curso, se abordará la romanización, las invasiones germánicas, la Monarquía visigoda, el origen de los reinos de León y Castilla o la conquista de América.
Lucas aprovechó sus participaciones en las conferencias sectoriales para reiterar su rechazo al nuevo modelo de acceso a la universidad, planteado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y demandar una EBAU única que “asegure la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes”. No en vano, precisó que es factible desde el punto de vista legal, al igual que existe un distrito universitario único. La tensión fue a más hasta el punto que la Junta decidió no participar en los grupos de trabajo convocados por el Ministerio para avanzar en la nueva EBAU, al no tener en consideración ninguno de sus planteamientos en relación con una prueba única. Además, la consejera consideró que la prueba de madurez que plantea el Ministerio “devaluará” el acceso de acceso a la universidad al no tener en cuenta asignaturas como matemáticas, lengua, historia o geografía.
Otra norma nacional que está pendiente de aprobar es la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La Junta reclamó aprovechar su tramitación para establecer una EBAU única para todo el territorio nacional mientras que el rector de la Universidad de Salamanca (Usal), Ricardo Rivero, consideró que la nueva legislación no será ninguna “revolución” ni un avance “muy importante”, por lo que lamentó que el Ministerio no aprovechara para ir “más lejos”. Apuntó que aspectos como la promoción de la colaboración con la empresa, la innovación, el reconocimiento de la calidad de la docencia y otros temas de transferencia no eran prioritarios en la ley.
Por su parte, la Junta reiteró su apuesta por un sistema universitario dotado de mecanismos para dar respuestas “ágiles” a las necesidades y los retos que plantean las sociedades modernas. En este sentido, la consejera confirmó que continuará el apoyo y la colaboración para avanzar en la transferencia del conocimiento universidad empresa con iniciativas como el Plan TCUE. Para ello, citó el apoyo financiero para impulsar la contratación de técnicos de apoyo a la investigación, de investigadores predoctorales.
Medicina en Burgos y León
El año que acaba también estuvo marcado por las demandas de Burgos y León para contar con facultades de Medicina, que se sumarían a las existentes en las universidades de Salamanca y Valladolid. La Junta apostó por que la decisión sea tomada por la Comisión Académica del Consejo de Universidades para nuevas enseñanzas.
Por otro lado, la Universidad de Valladolid celebró elecciones al Rectorado en marzo. Antonio Largo revalidó su cargo tras imponerse en la primera vuelta a los otros candidatos (Helena Castán y José Ramón González), tras lograr el 51 por ciento de los votos.
Por último, 2022 se cerró con las elecciones sindicales en el ámbito de la educación del 1 de diciembre. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ganó de nuevo los comicios a las Juntas de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de Castilla y León, al conseguir 60 delegados, cuatro más que en 2018, y superar en seis a la segunda fuerza sindical.
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