El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León haaprobado la modificación del Acuerdo sobre las medidas a adoptar durante lasituación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en los centros detrabajo dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y Leónpara permitir el telebrabajo de los funcionarios cuando estos tengan a menoreso personas dependientes que se vean afectados por cuarentenas fruto de laCOVID-19.
Esta decisión llega motivada por la recuperación de laactividad presencial en los centros educativos, que ha impuesto de adecuaralgunas cláusulas del acuerdo para garantizar el mantenimiento de un equilibrioen la prestación del servicio público, conjugando los factores de la prevencióny protección de la salud con la conciliación de la vida familiar y laboral.
Así, la modificación del acuerdo permitirá que el personalque tenga a su cargo menores de 14 años pueda trabajar mediante la modalidad detrabajo no presencial en los siguientes casos: ante la suspensión de laactividad lectiva presencial acordada por la Comunidad Autónoma de maneraexcepcional; en aquellos supuestos que se determine documentalmente la noasistencia del menor al Centro Educativo por encontrarse en situación definida porla norma de salud pública como “sintomática” compatible con COVID-19, poraislamiento precoz; o cuando se determine documentalmente la cuarentena de loscontactos estrechos ante la aparición de casos de COVID-19 en el centroeducativo.
Además, la modificación del acuerdo incluye al personal quetenga a su cargo mayores dependientes y/o otra persona dependiente y que se veaafectado por el cierre de centros de personas mayores o/y otros centros, y nosea compatible su situación personal con medidas especiales de flexibilidad dela jornada laboral.
Por otro lado, la modificación incluye que este régimenespecial de trabajo no presencial, cuando hubiere dos o más empleados públicosconvivientes en que se dé la misma circunstancia, solo podrá concederse a unode ellos, o bien, de manera parcial a ambos de forma no solapada. Si afectara aun empleado público que convive con otra persona fuera del ámbito público, seacreditará la imposibilidad de la conciliación.
Esta misma previsión les será de aplicación a las empleadaspúblicas durante el primer año de lactancia. Las situaciones no contempladas eneste apartado se someterán a las previsiones establecidas para conciliación enel artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.
Por último, se incluye un nuevo apartado que recoge queserán las Consejerías las que deberán establecer, para sus servicios centralesy territoriales, en el plazo máximo de 15 días desde la presente modificación,un sistema de organización del personal, Plan de Ordenación y reducción delRiesgo por Salud Pública, con el objetivo de poder llevar a efecto unaeficiente gestión de los casos de COVID-19 y de sus contactos.
Este Plan deberá concretarse tras un análisis de lascaracterísticas de las funciones que se desarrollan por puestos de trabajo y sudisposición física, de manera que ante una cadena de transmisiones se puedagarantizar la continuidad en la prestación del servicio público. Para ello, elPlan procurará establecer grupos estancos que alternen el trabajo presencial yno presencial, sin contacto físico entre los miembros de los distintos grupos.