Este viernes, 1 de enero, entra en vigor la rebaja del 0,4 por ciento de las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la comunidad autónoma de Castilla y León que se ajustan de este modo a la bajada del IPC, según consta en la resolución de la Dirección General de Industria publicada este miércoles en el Bocyl por la que se actualizan las tarifas a percibir por las entidades concesionarias de este servicio.
Además, en el caso concreto de los vehículos eléctricos puros de menos de 3.500 kilos con permiso de circulación radicado en Castilla y León la tarifa será de 12,63 euros, la mitad del coste del servicio para un vehículo ordinario de la misma categoría, en cumplimiento del compromiso recogido en la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas 2020-2023 para impulsar y fomentar el uso de vehículos de energías limpias.
Según consta en este documento, se ha considerado que la evolución del IPC para el conjunto del territorio nacional contado desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020 ha sido del -0,4 por ciento para revisar las tarifas de la ITV en función de este decremento.
La Consejería de Empleo e Industria calcula que esta reducción supondrá un ahorro de 160.000 euros durante el año 2021.
De este modo, la tarifa para las inspecciones periódicas ascenderá a 12,72 euros para los vehículos de categoría L (ciclomotores de dos o tres ruedas, motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, etc.) y a 25,26 euros para los vehículos de hasta 3.500 kilos, salvo los eléctricos puros. En el caso de que los vehículos superen los 3.500 kilos la tarifa alcanza los 33,32 euros mientras que la inspección de maquinaria agrícola se fija en 25,26 euros.
Según recuerdan desde la Dirección General de Industria en esta resolución, la tarifa de la inspección de seguridad comprende una segunda inspección si la primera es desfavorable, "siempre que se realice en el plazo indicado en el primer informe y sin que, en ningún caso, se superen los dos meses". De este modo, segundas inspecciones realizadas después de este plazo y sucesivas inspecciones, en todo caso, devengarán una nueva
tarifa.
Por su parte, el componente de control de emisiones será de 6,43 euros para vehículos con control de emisiones catalizados, 12,73 euros para vehículos diésel de hasta 3.500 kilos y 18,54 euros para los que superen ese peso.
En este caso, la tarifa de la componente del control de emisiones comprende una segunda inspección si la primera es desfavorable, "siempre que se realice en el plazo indicado en el primer informe y sin que, en ningún caso, se superen los dos meses". Del mismo modo, segundas inspecciones realizadas después de este plazo y sucesivas inspecciones, en todo caso, devengarán una nueva tarifa, y en los casos de que se pase únicamente una de las dos inspecciones, se cobrará únicamente el componente correspondiente de la tarifa.
Finalmente, en aplicación de la Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en Castilla y León 2020-2023, la actualización de la tarifa de la inspección periódica de los vehículos eléctricos puros (BEV) de menos de 3.500 kilos cuyo permiso de circulación esté radicado en Castilla y León será de 12,63 euros.
Se consideran vehículos eléctricos puros aquellos con alimentación monocombustible (M) y con valor de emisiones 0. Para este tipo de vehículos debe figurar el código E en el apartado P.3 'Tipo de combustible o fuente de energía' de la Tarjeta de Inspección Técnica.
La aplicación de tarifas de ITV en Castilla y León está ligada a un proceso que se originó en el año 2015, cuando la Administración regional procedió a reducir las tarifas en un 20 por ciento, una decisión que provocó una serie de procesos judiciales que finalizaron con la sentencia 1073/2019, de 12 de diciembre del Tribunal Supremo.
La principal conclusión de la sentencia es que el Tribunal Supremo considera legal y ajustada a derecho el establecimiento de tarifas más bajas, pero también determinó que el sistema de revisión anual de tarifas de ITV tiene que hacerse de acuerdo a una norma que no sea arbitraria.
A día de hoy, aclaran las mismas fuentes, esta norma es la Orden de 25 de septiembre de 2000, por la que se establecen las tarifas de aplicación a la Inspección Técnica de Vehículos, con motivo de la implantación del procedimiento de control de emisiones previsto en la Directiva 96/96/CE, adaptada al progreso de la técnica por la Directiva 1999/52/CE.
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