En su carta, los familiares muestran su preocupación por la "difícil coyuntura" en la que se encuentra la residencia, que atañen "a la actual pandemia pero también a los problemas de gestión que arrastra desde hace años". "Nos inquieta que, debido a una administración negligente, las aportaciones económicas de los particulares e instituciones que colaboran con AFA no sirvan para asegurar su buen funcionamiento. Así ha sido en los últimos años, en los que se ha producido un deterioro paulatino de los servicios de atención a los enfermos en la residencia", aseguran.
Los familiares relatan que la presidenta de la asociación, Magdalena Hernández Mediero, viene ofreciendo "una visión autocomplaciente de lo acontecido durante los días más terribles de la pandemia, intentando transmitir una imagen de perfecta gestión y de control de la situación". Sin embargo, aseguran, la presidenta "evita" indicar que, entre marzo y abril, "resultaron infectados por Covid-19 casi el 100% de los trabajadores e internos y fallecieron un 30% o más de estos últimos". "La comparación con otras residencias, la mayoría de las cuales ha tenido unas tasas de infección y de mortalidad de los infectados mucho más bajas, deja en muy mal lugar la atención asistencial en la residencia Boni Mediero", afirman con rotundidad.
"Muchos de nuestros seres queridos fallecieron debido a la pandemia en las circunstancias de todos conocidas. Precisamente porque hemos pasado por esa terrible experiencia, nuestra prioridad ahora es intentar que esa situación no vuelva a repetirse. Nos preocupan los enfermos que permanecen en la residencia y los que puedan ingresar en estos días, la mayoría con grados de incapacidad elevados y por tanto, muy vulnerables", explican.
Los familiares también cuentan que la presidenta está achacando la situación económica actual a la falta de subvenciones de la administración y de otros organismos. Pero ellos, con la experiencia de los años que llevan vinculados a la residencia, lo valoran de distinta forma. "Han sido frecuentes las iniciativas de dudoso interés que han comportado elevados gastos. La última, un innecesario edificio para una sobredimensionada administración, que nada más iniciadas las obras quedó paralizado por falta de recursos, a pesar de que los residentes pagan una considerable mensualidad de casi 2.300 euros". "La pandemia estalló, por lo tanto, en un momento en que las arcas de la asociación se encontraban bajo mínimos lo que, sumado al fallecimiento de numerosos residentes, al descenso en los ingresos y al cierre del centro de día, explicarían el innegable quebranto económico", relatan los familiares en su carta.
Los familiares de enfermos de Alzheimer explican que, a su entender, la causa de todos estos problemas radica "en una dirección incapaz de administrar con eficiencia, de planificar y de prever los acontecimientos, que ha actuado frente a la amenaza sanitaria a remolque de las decisiones oficiales, sin iniciativa ni previsión, a pesar de las llamadas de alerta de los familiares". A modo de ejemplo, cuentan, hasta dos días antes de la orden de confinamiento, la residencia estaba abierta a las visitas, mientras que otras aplicaban ya restricciones desde hacía más de una semana.
"La situación económica puede ser preocupante, pero hay que tener claras las prioridades, que no son el mero mantenimiento de la asociación y de la residencia, sino garantizar el bienestar de los enfermos, la tranquilidad de las familias y la seguridad de los trabajadores, en particular, del personal auxiliar y sociosanitario, en muchos casos excelentes profesionales que siguen trabajando en condiciones precarias y a los cuales queremos manifestar nuestro agradecimiento", sigue la misiva.
"La superviviencia pasa porque la dirección sea transparente"
"Pensamos que la supervivencia de la residencia está ligada a que la asociación modifique alguna de sus características, en concreto, que sea transparente y permita la participación de todos sus socios", cuentan. Además, los familiares indican que se debería contar con una dirección profesional, que sea también transparente y sensible a las inquietudes de los usuarios y de sus familias. "A corto plazo, parece claro que sólo será viable si recibe subvenciones pero, a tenor de los antecedentes, esta financiación únicamente prolongaría la agonía de un centro desnortado y mal dirigido en comparación con otros de sus características".
"Por todo ello, solicitamos que las autoridades competentes, en este caso la Gerencia de Servicios Sociales y el servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León, fiscalicen y controlen la actividad de AFA y de la residencia Boni Mediero para que, de ese modo, se pueda garantizar su buen funcionamiento y se devuelva la confianza a los familiares de los residentes", finaliza la carta de los familiares.
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