El Consejo de Ministros no aprobará finalmente esta semana el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales sin merma salarial. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Trabajo a Europa Press, la decisión se ha tomado y la aprobación se pospone para la próxima reunión del Consejo.
Inicialmente, estaba previsto que el proyecto recibiera luz verde este martes. Sin embargo, debido a las circunstancias generadas por el reciente apagón que afectó a la Península Ibérica, se barajó la posibilidad de aprobarlo en un Consejo de Ministros extraordinario este miércoles. Finalmente, el Gobierno ha optado por llevar el texto a la mesa del Consejo de Ministros la semana que viene.
Una vez aprobado por el Ejecutivo, el proyecto de ley aterrizará en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno buscará recabar los apoyos necesarios para su tramitación y posterior aprobación definitiva.
La llegada de este texto, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, se producirá más de dos meses después de su aprobación como anteproyecto, tras recibir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES).
A pesar de que la intención inicial era aprobar la medida antes del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, finalmente la aprobación se producirá en una fecha posterior. No obstante, la puesta en marcha de la rebaja de jornada se espera que sea una de las principales reivindicaciones en los actos conmemorativos del Día del Trabajo convocados por CCOO y UGT.
El Ministerio de Trabajo estima que alrededor de 12 millones de trabajadores se beneficiarán de esta reducción de jornada una vez que entre en vigor. El departamento dirigido por Yolanda Díaz señala que los colectivos más favorecidos serán aquellos trabajadores no cubiertos por convenios colectivos, quienes pueden estar sujetos a jornadas laborales de hasta 40 horas semanales, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios.
La reducción de la jornada a 37,5 horas semanales es resultado del acuerdo firmado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme se desvincularon de este acuerdo, al considerar que la jornada laboral debe ser materia de negociación colectiva.
Para el Ministerio de Trabajo, la medida estrella de este proyecto de ley no es solo la reducción de la jornada, sino también la reformulación del control horario, que deberá estar implementado en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Este registro horario será digital e interoperable, permitiendo a la Inspección de Trabajo conocer en tiempo real la jornada de cada trabajador.
El objetivo es que el registro de jornada sea "objetivo, fiable y accesible". Para ello, se establecerán requisitos como la obligación de que los trabajadores registren personalmente el inicio y fin de su jornada, impidiendo que la empresa condicione su contenido. Además, el sistema deberá identificar "inequívocamente" a la persona que realiza el registro y ser "tratable, legible y compatible" para facilitar el acceso inmediato al registro por parte de los trabajadores, sus representantes y la Inspección, de forma remota e interoperable. Las empresas deberán conservar estos registros durante cuatro años.
El proyecto de ley también incluye el derecho irrenunciable a la desconexión digital, garantizando que los trabajadores no tengan la obligación de responder a comunicaciones laborales fuera de su horario de trabajo.
El Ministerio de Trabajo busca que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible para que las empresas dispongan de un periodo de adaptación. Según lo acordado, los convenios colectivos que actualmente superen las 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para adaptarse a la nueva jornada máxima.
El proyecto de ley establece un endurecimiento de las sanciones para las empresas que incumplan la normativa sobre registro horario y la reducción de la jornada máxima a 37,5 horas semanales. Las multas podrán alcanzar hasta los 10.000 euros por cada trabajador afectado.
Este cambio implica un aumento tanto en la forma de sancionar –por trabajador incumplidor en lugar de de forma global– como en la cuantía de las multas, que pasan de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros para las infracciones graves en materia de jornada.
Así, la transgresión de las normas sobre jornada, trabajo nocturno, horas extra, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo, se sancionará con multas que oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros, dependiendo del grado de la infracción.
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