El Gobierno aprueba este martes el Estatuto del Becario
El proyecto contempla un régimen sancionador para las empresas que incumplan los derechos de las personas en prácticas, con multas que podrán alcanzar los 225.018 euros en caso de infracciones muy graves
El Consejo de Ministros aprobará este martes el proyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social acordara el texto con las organizaciones sindicales.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este lunes la necesidad de la norma y ha advertido del uso fraudulento de las prácticas formativas. Según ha señalado, no se puede permitir que los periodos de formación acaben sustituyendo contratos laborales ni que las empresas cubran puestos estructurales con personas en prácticas, lo que ha calificado como situaciones de explotación laboral que deben erradicarse.
Rego ha realizado estas declaraciones durante la presentación del Buzón de las Personas Becarias, una iniciativa impulsada junto al Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que permitirá a becarios y exbecarios comunicar posibles irregularidades detectadas durante sus prácticas. Entre ellas figuran la falta de relación entre las tareas asignadas y los estudios cursados, la sustitución encubierta de trabajadores, la ausencia de tutorización o la asignación de funciones ajenas al proyecto formativo.
La norma iniciará ahora su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. No obstante, su aprobación definitiva podría verse dificultada por las discrepancias entre los socios de Gobierno y el actual contexto político tras la ruptura de Junts con el Ejecutivo.
Pese a ello, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de sacar adelante el texto, al considerar que permitirá atajar una fuente de precariedad que degrada la formación y favorece la sustitución de puestos de trabajo por becarios sin derechos ni remuneración.
El proyecto contempla un régimen sancionador para las empresas que incumplan los derechos de las personas en prácticas, con multas que podrán alcanzar los 225.018 euros en caso de infracciones muy graves. Asimismo, establece la obligación de compensar los gastos derivados de las prácticas, como transporte, alojamiento o manutención.
Entre otras medidas, el Estatuto limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas y fija que no podrán superar el 15% de los créditos ECTS de la titulación en el caso de estudios oficiales. También incluye las prácticas vinculadas a títulos propios universitarios, siempre que el total de prácticas no exceda el 25% de los créditos del programa formativo.
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