El Gobierno aprueba el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal, que eleva penas por maltrato

"Hoy empezamos a reducir la distancia entre el sentir social que busca proteger a los seres vivos", ha celebrado Ione Belarra

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La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra | EP
La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra | EP

El Consejo de ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de derechos y bienestar de los animales, que apuesta por reducir a cero el maltrato y el sacrificio animal, junto a otro proyecto para modificar el Código Penal con el fin de elevar las penas por maltrato, que irán de tres a 18 meses de multa hasta 24 meses de cárcel. Los textos serán remitidos al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha destacado que esta es "la primera ley" de derechos animales contra "tres principales lacras" sociales que son el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales y considera que la futura norma responde a una "demanda social muy importante" en España donde la sensibilización de los animales es creciente. "Hoy empezamos a reducir la distancia entre el sentir social que busca proteger a los seres vivos", ha celebrado.

Además, ha añadido que junto con el proyecto de ley se ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar el Código Penal para poner fin a la "impunidad" que ha gozado el maltrato en España hasta ahora, donde "no hay reproche a quemar a un zorro vivo".

Así, la reforma del Código penal establecerá penas de cárcel de 18 meses, la inhabilitación hasta cinco años para vivir o trabajar con animales y, si el resultado de ese maltrato es la muerte del animal, la pena de cárcel ascenderá hasta 24 meses.

De acuerdo con el texto del anteproyecto, el abandono de un animal, resultará penado con una multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días y la pena de inhabilitación de uno a tres años para ejercer cualquier profesión relacionada con animales o su tenencia.

Por otro lado, Belarra ha explicado una vez conocidos los resultados del programa VioPET --que acoge a los animales de víctimas de violencia machista que no tienen donde dejar a sus animales--, que han detectado que los maltratadores utilizan a los animales para coaccionar o maltratar a sus víctimas, a partir de ahora la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus animales será un agravante en las penas. "Aumentamos las penas porque el compromiso contra la violencia machista es transversal", ha defendido.

Otro de los objetivos del proyecto de ley es luchar contra el abandono animal, ya que, según Belarra, cada año en España se abandonan 300.000 animales, 800 al día. "Son cifras que nuestro país no se puede permitir", valora la ministra, que confía en que una vez que el texto establece que la cría de animales solo podrá ser ejercida por profesionales, la vacunación obligatoria y la creación de varios registros estatales van a ayudar al abandono cero.

Por otro lado, ha añadido que el proyecto prohíbe el sacrificio de los animales de compañía y avanzará contra la "especial" crueldad animal de "prácticas más propias del medievo como el tiro al pichón", o el uso que de aparatos que pueden dar descargas eléctricas, entre otras medidas.

"Tenemos que ser capaces de construir un país en el que los hijos crezcan con el marco de la protección animal", ha defendido Belarra, que ha anunciado que los zoológicos y delfinarios se van a reconvertir en centros de recuperación de especies autóctonas de fauna local.

Belarra ha celebrado que esta es la primera ley de derechos de los animales que homologa a España con otros países y genera un paraguas estatal que permite igualar la normativa autonómica más avanzada.

A su juicio, los ciudadanos que no admiten la crueldad animal piden que las administraciones públicas actúen. "Nos va a permitir luchar contra el maltrato y abandono y nos va a hacer mejores como personas y sociedad. Nos hace más humanos", confía Belarra.

El principal objetivo de la Ley, según el Gobierno no es tanto garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones
que se le ofrecen, sino regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad.

Por tanto, regula el comportamiento de las personas hacia los animales como seres vivos dentro del entorno de convivencia con el fin de lograr una tenencia y convivencia responsable y busca fomentar el "civismo por la defensa y preservación" de los animales.

El texto señala que en España uno de cada tres hogares posee un animal de compañía y 13 millones de animales están registrados e identificados, pero se estima que la mitad de los animales de compañía existentes se encuentran fuera del control oficial, al no estar identificados de manera legal, con el riesgo que ello supone, no solo para su adecuada protección sino también para la propia seguridad y salud pública.

De esta reforma legal quedan excluidos los animales de los espectáculos taurinos, los animales de producción, los animales de experimentación e investigación, incluida la docencia y los animales silvestres, excepto si están en cautividad.

Sin embargo, sí quedan incluidos los perros de caza, que deberán quedar inscritos como tal en el nuevo Registro de Animales de Compañía y deberán estar vinculados a la licencia de caza de su titular y prevé la esterilización de estos si se mantienen en el exterior de viviendas o pueden tener contacto no controlado con otros, entre otras medidas o si conviven en el mismo espacio canes de distinto sexo.

En todo caso, todos los propietarios de perros deberán realizar y superar un curso de formación para tener un can, para facilitar una tenencia responsable de los animales, ya que "muchas veces" está condicionada a la ausencia de conocimientos por parte de los propietarios en el manejo, cuidado y tenencia de animales.

Asimismo, el texto incluye medidas dirigidas a poner fin al uso de animales en espectáculos circenses, la venta y exhibición en tiendas, así como su participación en belenes vivientes, en Cabalgatas de Reyes, procesiones o en romerías, excepto en determinadas condiciones.

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