El Gobierno y las comunidades autónomas inician a esta hora la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que Castilla y León defenderá el adelanto del toque de queda, así como la necesidad de contar con más instrumentos para incluso confinar a la población en sus municipios.
La reunión se produce después de que el pasado sábado se instaurara en Castilla y León la restricción de la movilidad a partir de las 20 horas, en virtud del actual estado de alarma, pero con la posición en contra del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España, que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo.
De hecho, este martes el Supremo abrió un plazo de diez días para que la Junta alegara el adelanto del toque de queda, que se impuso fuera del horario previsto hasta ahora. A la espera de la decisión del Tribunal un gran número de comunidades han mostrado su apoyo a esta medida, si bien Madrid ha rechazado de plano implantarla.
“Estamos unidos en la acción, pero no en la inacción” y desde “la máxima lealtad al Ministerio” la Junta de Castilla y León apoyará “todas las acciones”, pero “no la lentitud” para enfrentarse a una tercera ola del COVID-19 que si algo ha demostrado es su velocidad “vertiginosa” de aumento de los contagios, que obliga a ser “muy ágiles” y a tomar nuevas medidas restrictivas.
Así se pronunció ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en su comparecencia semanal para informar sobre la situación epidemiológica por el COVID-19 en Castilla y León. En unas horas, la Junta tiene previsto informar sobre el desarrollo del Consejo Interterritorial en el que se abordará también el proceso de vacunación, en medio de la polémica protagonizada por el consejero de Murcia, Manuel Villegas.
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