El Gobierno pacta con sindicatos una subida del SMI del 3,1% sin el respaldo de la patronal

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos alcanzaron este jueves un acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta situarlo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.184 euros actuales. El pacto no cuenta con el respaldo de la patronal, que rechazó los incentivos fiscales propuestos por el Ejecutivo y calificó la oferta de “trilerismo”.

Así lo confirmó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la última reunión negociadora, en la que reconoció que no fue posible incorporar a la CEOE pese a los intentos del Gobierno. La patronal había propuesto inicialmente una subida del 1,5% y condicionó su apoyo a una reforma de la ley de desindexación para permitir a las empresas repercutir el aumento del SMI en contratos públicos, una opción que Hacienda descartó.

En su lugar, el Gobierno planteó deducciones fiscales ligadas al mantenimiento del empleo, una propuesta que la CEOE y Cepyme rechazaron de plano. Ante ello, Trabajo confirmó que estos incentivos no se aprobarán al estar supeditados a un acuerdo con la patronal.

La subida del SMI será aprobada en Consejo de Ministros en las próximas semanas y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, el Gobierno anunció una reforma normativa para impedir la absorción de determinados complementos salariales cuando el sueldo alcance el SMI, con el objetivo de que el incremento “llegue realmente al bolsillo” de los trabajadores. Esta modificación se tramitará vía reglamento, sin pasar por el Congreso, lo que ha provocado el rechazo frontal de la patronal, que amenaza con acciones legales.

Los sindicatos respaldaron el aumento del SMI, aunque criticaron la gestión del Ejecutivo durante la negociación. Tanto CCOO como UGT mostraron su malestar por la falta de concreción inicial de los incentivos fiscales y defendieron la necesidad de impedir la absorción de pluses como los de peligrosidad, una práctica que, según denunciaron, perjudica especialmente a mujeres y trabajadores con empleos más precarios.