El Gobierno regula la jubilación anticipada para trabajos penosos, peligrosos o insalubres

El Gobierno ha dado este martes un paso significativo en materia de Seguridad Social al aprobar un Real Decreto que regula el procedimiento previo para determinar los supuestos que permitirán anticipar la edad de jubilación en trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o insalubre, mediante la aplicación de coeficientes reductores. Esta medida, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es considerada un "hito" para el tejido productivo y cumple con lo establecido en la reforma de pensiones de 2021.

La nueva normativa fija criterios objetivos para adelantar la edad de jubilación de aquellos trabajadores cuyas actividades profesionales presenten elevados índices de morbilidad o mortalidad, y que no puedan beneficiarse de una mejora en sus condiciones de trabajo. "Sabemos que hay trabajos de especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los años últimos de vida laboral. No es solo una intuición, los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad y, en particular, hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas", subrayó la ministra Saiz.

Criterios y requisitos para la aplicación de coeficientes reductores

El Real Decreto define de forma exhaustiva la naturaleza de las actividades profesionales que podrán acceder a estos coeficientes reductores. Entre los criterios para determinar la penosidad de una actividad, se incluyen:

• Penosidad: Exposición a temperaturas extremas, ruido, vibraciones, uso permanente de la fuerza física, o exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
• Toxicidad: Trabajos con exposición a agentes físicos, químicos o biológicos agresivos o nocivos.
• Peligrosidad: Actividades susceptibles de causar un accidente laboral o enfermedad profesional con mayor incidencia o frecuencia.
• Insalubridad: Exposición a un ambiente perjudicial para la salud del trabajador.

Para acreditar estas circunstancias objetivas, la norma establece una fórmula basada en "indicadores objetivos". Se considerará la incidencia del número total de procesos de incapacidad temporal (común y profesional) del colectivo en relación con el total de trabajadores, la incidencia de sucesos graves (fallecimientos y reconocimientos de incapacidad permanente), y la duración media de los procesos de incapacidad. La Seguridad Social elaborará un informe de morbilidad y mortalidad, teniendo en cuenta factores como la edad, el sexo, la rotación laboral o el tamaño de la empresa.

Beneficiarios y proceso de solicitud

Este procedimiento no afectará a los colectivos que ya disfrutan de jubilación anticipada (trabajadores del mar, mineros, personal de vuelo, etc.), sino que se aplicará a nuevos colectivos, sectores y actividades que actualmente no cuentan con esta posibilidad.

La aplicación de los coeficientes reductores implicará un incremento en la cotización a la Seguridad Social para el colectivo beneficiado, que se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En ningún caso, la edad de jubilación podrá anticiparse a una edad inferior a los 52 años. Además, la pensión de jubilación anticipada por esta vía no será compatible con el desempeño de la misma actividad que originó el adelanto.

La solicitud para iniciar el proceso de reconocimiento de estos coeficientes especiales deberá ser realizada conjuntamente por organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos, y en algunos casos, por las propias administraciones públicas. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social será la encargada de emitir los informes pertinentes y recabar la documentación necesaria, que será evaluada por una comisión con presencia de los agentes sociales.

La ministra Saiz destacó que esta medida se alinea con las últimas reformas de la Seguridad Social, buscando una jubilación que se adapte a las diferentes condiciones de los trabajadores. La ministra portavoz, Pilar Alegría, añadió que esta normativa acerca a España a políticas ya implementadas en países como Francia, Austria o Italia, calificándolo como un "paso adelante en justicia social" que refuerza la solidaridad en el sistema de pensiones.