Una noticia que parecía ser un acto de justicia para miles de jubilados mutualistas ha terminado generando polémica por su sesgo excluyente. Según la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 25 de julio, Hacienda devolverá automáticamente hasta 4.000 euros por año —entre 2019 y 2022— a pensionistas que cotizaron a una mutualidad laboral obligatoria antes de 1979.
La medida responde a una sentencia del Tribunal Supremo que corrigió la interpretación fiscal del IRPF. Durante años, la Agencia Tributaria aplicó mal el tratamiento fiscal a esas pensiones, omitiendo una reducción del 25 %, lo que implicó un sobrepago impositivo injustificado.
Pero la devolución, lejos de ser universal, está limitada a un grupo con características específicas: deben tener retenciones actuales de IRPF en sus pensiones. Es decir, quedan fuera quienes, pese a haber cotizado lo mismo, perciben pensiones bajas exentas de retención fiscal.
Esta condición ha encendido las críticas de asociaciones de jubilados, que denuncian una medida “clasista y regresiva”. Además, tampoco podrán reclamar quienes ya reciben pensiones igualadas al régimen general, aunque hayan cotizado al sistema mutualista.
Hasta ahora, ni la Agencia Tributaria ni el Gobierno han mostrado disposición para modificar los criterios. Colectivos afectados exigen valorar el historial de cotización en vez del nivel de renta actual, argumentando que la justicia fiscal no debería depender del tamaño de la pensión.
La devolución será automática, sin necesidad de presentar declaración, para quienes cumplan con los requisitos: haber cotizado a mutualidades antes de 1979, cobrar actualmente una pensión pública con IRPF retenido, y no haber recibido devolución previa por los ejercicios fiscales indicados.
