El Ministerio de Hacienda y Función Pública plantea elevar del tres por ciento a una horquilla entre ese porcentaje y el cuatro por ciento las variables no poblacionales (despoblación, dispersión y superficie) para el reparto del sistema de financiación autonómica; mientras que apuesta por establecer fondos específicos al desarrollo para frenar la sangría demográfica.
La ministra María Jesús Montero remitió este viernes a las autonomías un documento con una propuesta de población ajustada para iniciar el debate para determinar el reparto de los recursos del sistema de financiación autonómico. El texto, consultado por Ical, reconoce que cualquier propuesta que plantease la inclusión en el sistema de financiación de un componente ligado al fenómeno de la despoblación, medida en términos estáticos, debería estar principalmente dirigida a las cuatro autonomías que en este momento sufren el problema de manera más acentuada Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. Sin embargo, expone que en el aspecto dinámico del problema, por pérdida progresiva de población, “parece más adecuado buscar darle solución a través de fondos destinados específicamente al desarrollo”.
La propuesta del Ministerio plantea identificar una variable concreta de despoblación para el sistema, con carácter más concentrado, que mida específicamente el problema que afrontan autonomías con zonas más despobladas. El documento remitido por el Ministerio de Hacienda contempla diversas fórmulas para abordar el cálculo de esta variable. La más destacadas, es tener en cuenta la población necesaria para que cada provincia alcance la densidad media -sin incluir poblaciones con más de 75.000 habitantes- lo que permite “reforzar el resultado de las comunidades más despobladas”.
Asimismo, la variable de la superficie se establece en kilómetros cuadrados; y en relación a la dispersión, la propuesta remitida contempla dos posibilidades, cualquier área habitable del término municipal; o considerar los núcleos de población habitados, que suponen un conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto.
Sanidad y educación
En cuanto a los grandes servicios a financiar por el sistema, el Ministerio de Hacienda propone a las comunidades que el peso de la sanidad y la educación en la financiación aumente entre 6,5 y 16,5 puntos, tal y como se desprende del documento remitido a los territorios para iniciar el debate.
En concreto, el esquema de propuesta presentada, la población protegida en sanidad pasa de siete a veinte grupos de edad y de un 38 a entre 40 y 45 por ciento de ponderación. Por lo que se refiere a la educación, la ponderación salta del 20,5 al entre el 25 y el 30 por ciento. De ese porcentaje, la mayor parte (entre 75 y 80 por ciento) irá para la educación no universitarias y el resto a la enseñanza superior.
En el caso del gasto sanitario, el Gobierno concreta los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de siete a 20, con lo que se puede “precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias”. En definitiva, la población protegida equivalente tiene en cuenta que, en términos de gasto sanitario, la edad de los ciudadanos es relevante. La mayor estratificación ha sido posible gracias a que actualmente se dispone de indicadores de uso y gasto que presentan un mayor desglose por tramos de edad.
Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Por lo que se refiere a la educación, Hacienda se plantea en esta materia evaluar las necesidades de la población no universitaria. Es decir, la población de hasta 17 años según el padrón y la entrada de alumnos de FP Superior procedentes de otras comunidades autónomas, para tener en cuenta el trasvase que se produce de manera significativa hacia determinados territorios. Asimismo, apuesta por evaluar las necesidades de la población universitaria. Es decir, población del padrón de 18 a 24 años y la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades.
Sin embargo, el documento plantea una segunda opción que incluirían la población no universitaria de hasta 17 años y la población universitaria de 18 a 24 años. Es decir, sin incorporar los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas.
Una tercera posibilidad también recogida en el informe es una población no universitaria de uno a 17 años y alumnos de Formación Profesional superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados.
Servicios sociales
En cuanto a la variable correctiva en servicios sociales, se pasa una ponderación del 8,5 por ciento el padrón de mayores de 65 años a entre un seis y un diez por ciento, además de incluir a los parados sin prestación por desempleo. Dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80 o 90 por ciento y el de los parados entre un diez o 20 por ciento.
En el modelo actual, el sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades de gasto en servicios sociales en base a la variable población de 65 y más años. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos recursos se focalizan en las edades más avanzadas, la propuesta remitida incluye la necesidad de dividir ese grupo en dos. Es decir, un tramo sería de personas entre 65 y 79 años y otro grupo de mayores de 80 años.
El mayor desglose permite “una mejor adaptación a la realidad de este gasto”. Asimismo, Hacienda expone que existe un elevado consenso en que los servicios sociales que asumen las autonomías alcanzan a una población que excede a los mayores. Por ese motivo, como novedad se incluye en esta variable los parados sin prestación por desempleo.
Resto servicios
Respecto al gasto en el resto de servicios que realizan las comunidades autónomas, tras analizar diferentes alternativas, la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable. Eso significa que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada.
En este caso, la ponderación de este indicador se reduciría del 30 por ciento actual a un baremo entre el 18 y el 22 por ciento.
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