Castilla y León carece de un protocolo de aplicación general en caso de defunción de algunos de los pacientes de una residencia, por lo que cada centro decide su manera de proceder, produciéndose, en ocasiones, situaciones molestas tanto para los familiares como para el personal de las propias residencias. Es un vacío funcional en muchos de los estatutos de este tipo de instituciones que en ciertos momentos no saben cómo actuar, creando conflictos que se podrían evitar.
Precisamente, el Procurador del Común de Castilla y León se ha dado cuenta de este déficit y ha decidido enviar a la Junta una resolución para crear un protocolo conjunto a aplicar, siempre que se estime oportuno, en todas las residencias de la comunidad.
Para aclarar y acercar a los lectores de SALAMANCA24HORAS.COM esta propuesta del defensor del Pueblo, Elena Collantes, una de las personas responsables de escribir esa resolución enviada a la Junta, nos atiende.
“Todo comenzó cuando una familia se puso en contacto con nosotros para exponernos su testimonio. A ellos, desgraciadamente, se les había muerto un familiar en la habitación de una residencia. Cuando llegaron a ella -después de los obvios y necesarios días de duelo- para recoger las cosas de la habitación del fallecido, se toparon con que el habitáculo ya había sido –debido a la alta demanda de la residencia- ocupado inmediatamente por otra persona. Por ese motivo, todas las pertenencias de su familiar se las habían guardado en otro lugar. Algo que a los familiares no les agradó”, cuenta a este medio Collantes.
“Fue en ese momento –prosigue- cuando nos dimos cuenta de que en nuestra comunidad no existía ningún protocolo conjunto por el que se guiaran las residencias en caso de muerte de alguno de los residentes”. Por ese motivo decidieron crear una resolución que englobaba una serie de pautas a tener en cuenta en caso de defunción de algunos de los residentes. Escrito que ha sido mandado a la Junta de Castilla y León para intentar crear ese protocolo conjunto que marque los pasos de estas instituciones para gestionar este tipo de situaciones.
“Con esto buscamos que sea un beneficio para todos. Las residencias van a saber cómo actuar y pueden explicar a los familiares los pasos a seguir -en caso de defunción- desde el primer día que entra un residente en el centro. Por ejemplo, desde el principio van a poder conocer la funeraria que tienen contratada, si los familiares quieren o no acto religioso… Todo esto va a evitar problemas que tienen fácil solución con una planificación previa”, explica Elena Collantes.
Del mismo modo, la propia Collantes apunta a que “exponemos medidas para que también se respete el dolor de las familias. Queremos que la propia residencia pueda, si cree oportuno, suspender eventos festivos o suprimir el hilo musical los días que alguno de sus residentes haya perdido la vida. Al final también sería una forma de respeto para los familiares. Por otro lado, también creemos que cuando una persona está en las últimas horas de su vida, él y su familia necesitan la intimidad de una habitación para ellos solos. Al final son momentos difíciles que tampoco son de agrado para los propios compañeros de habitación y sus familiares”.
Por otro lado, también apuntan a pautas relacionadas con la sedación en la agonía, es decir, “la aplicación de fármacos que permitan la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en un enfermo cuya muerte se prevé muy próxima, es decir cuando se encuentre en la fase de agonía”.
Así el Procurador del Común de Castilla y León, a través de ese escrito enviado a la Junta, quieren que se tenga en cuenta esa resolución, aunque la propia Collantes apunta que “obviamente lo que nosotros aquí enviamos son una serie de pautas que nosotros hemos visto o creemos oportunas. Lo más seguro es que ellos puedan profundizar o preguntar a profesionales para crear algo aún más provechoso y que cubra problemas que nosotros no hayamos contemplado. Sea como fuera, lo que queremos es que se cree ese protocolo y facilitar así las cosas a las residencias, a los pacientes y a los familiares”, concluye Elena Collantes a SALAMANCA24HORAS.COM
Se puede consultar la resolución completa en www.procuradordelcomun.es
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