La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este lunes que las reformas legislativas que el Gobierno prepara para lograr una igualdad de trato, pueden ser una posibilidad para reformar la Ley de Extranjería y que los migrantes víctimas de discriminación o delitos de odio que denuncien, puedan reclamar una regularización de su situación una vez la justicia acredite la conducta denunciada.
Montero ha inaugurado la 'Semana Antirracista', organizada por su departamento, con la que pretende concienciar de la situación que viven las personas de diferentes nacionalidades y etnias que residen en el país.
Según ha señalado en su intervención, una de las preocupaciones que tiene el Ministerio sobre los delitos por discriminación racial o étnica, tal y como lo recogen los estudios, es la "infradenuncia" y el hecho de que "demasiadas víctimas" no recurran a las instituciones porque "creen que no sirve para nada" o porque "no conocen bien las herramientas" que se les ofrecen desde el Estado.
Para Montero, es necesario que el Ejecutivo trabaje en la dirección "preventiva" de estos delitos, pero también asuma su responsabilidad ante el "desconocimiento" de estos colectivos de los servicios existentes para su protección. "Todas victimas tienen que saber que no están solas", ha declarado la responsable de Igualdad.
Ley contra la trata
En este sentido, ha recordado el anuncio realizado por su Ministerio la semana pasada, de que comenzaban a trabajar en la "elaboración y próxima presentación" de la Ley contra "todas las formas de trata" que se realizará con una visión "feminista, insterseccional y de derechos humanos".
También ha mostrado su "compromiso con seguir avanzando en una legislación por la Igualdad de Trato" con "medidas y políticas contra el racismo". Y, en este sentido, ha señalado la oportunidad que esto supone para reformar la Ley de Extranjería.
En concreto, Montero propone que "las personas extranjeras sin autorización de trabajo o residencia en España" y hayan sido "víctimas de discriminación, intolerancia o delito de odio", queden "exentas de responsabilidad administrativas y no se les incoe el expediente administrativo sancionador de expulsión del país".
"Y en este caso, se suspenda el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia, a condición de denunciar a los acosadores o cooperadores, particularmente en los casos en los que haya existido violencia o intimidación en su comisión", ha indicado Montero.
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