Según IU de Castilla y León, “es inadmisible que los ratiosde personal de enfermería para residencias geriátricas esté en una persona porcada 225 pacientes”. La falta de previsión de la Junta, la precarización delempleo, junto con una flexibilización del Reglamento de geriatría que favorecea las empresas, y que actualmente está impugnado, está detrás de estos ratiosque nos sitúan en la cola de Europa.”
Carmen Franganillo, portavoz del área de salud de IUCyLexpone que “este problema ya se planteó en las Cortes en la anteriorlegislatura, y que no fue tenido en cuenta por el Partido Popular, ni tampocoparece ser una prioridad para la actual ejecutiva. La consejería de Sanidad noplantea soluciones a un problema de salud pública, como es la falta deprofesionales de enfermería y TCAE, vinculada directamente con la supervivenciade las personas hospitalizadas, como ejemplo de su importancia”. “En laactualidad, hay planteada una Iniciativa Legislativa Popular ante el Congresode los Diputados por parte del sindicato SATSE. Dicha ILP ha cumplido todos losplazos y requisitos que la fórmula jurídica exige, y dada la nula rapidez enlas Conversaciones para conformar Gobierno por parte del PSOE, así como ladisolución de Las Cortes Generales, hace que la tramitación de la misma seretrase durante al menos otros cinco meses. Castilla y León no puede ser, unavez más, una Comunidad de tercera, y presentar una ratio de pacientes/enfermero/a que supere al doble de la media nacional". “Por ello noscomprometemos a presentar esta medida ante nuestros órganos e incluirla ennuestros programas.”
Para IU, es especialmente llamativa la precarización delempleo en el ámbito de la geriatría, sector que cada vez adquiere mayorimportancia en nuestra CCAA dado el envejecimiento de la población. Éste hecho,vinculado a la feminización del sector, aumenta la presión sobre lastrabajadoras, hecho que tampoco se vetraducido en mayores salarios, sino todo lo contrario, lo que hace que lasprofesionales huyan tanto del sector como de la CCAA, lo que plantea unproblema grave para encontrar personal cualificado. Ante esta problemática, laJunta no sólo no aporta soluciones, sino que favorece mediante el Reglamento degeriatría la menor contratación y la desatención de nuestros mayores. Lasempresas, principalmente, está supliendo el trabajo del personal de enfermeríacon auxiliares, cuidadoras y gerocultores, lo que supone, además de la falta deatención, intrusismo laboral y falta degarantías, además de que recae una responsabilidad sobre otras trabajadoras queno les corresponde, como la administración de medicamentos.
La Consejería de familia e igualdad de CyL ha declarado que seguirá adelante con elmodelo a pesar de los cuatro recursos presentados por el Sindicato SATSE, loscolegios de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales y un particular, y apesar, también de la denegación de un primer recurso de la Junta por parte delTribunal Supremo, que ha dado la razón a SATSE. Además, el personal de TCAEnecesita una nueva normativa, dado que sus funciones no están bienreglamentadas, basándose en una norma preconstitucional, algo que está siendoreivindicado por plataformas de trabajadoras organizadas a nivel estatal, junto con el reconocimiento de la categoríaC1.”
Según Carmen Franganillo, “la ratio de enfermería enCastilla y León, de 4,31/1000 habitantes, se encuentra muy lejos de la media depaíses europeos, de 8,8/1000 habitantes. Lo que nos sitúa en ratios similares apaíses en vía de desarrollo y por debajo de la media española. Para alcanzaresta media, se necesitan 4.654 profesionales más en Castilla y León. Como dato, Por cada 10% más de dotación deenfermeras se reduce un 7% la mortalidad en pacientes hospitalizados.”
Izquierda Unida de Castilla y León, ante esta situación,exige un compromiso por parte de la Junta, y de las consejerías de familia y desanidad para solucionar este problema. “No podemos continuar a la cola deEuropa en algo tan fundamental y que afecta tanto a los cuidados como a la salud. Nuestra CCAA,con una importante tasa de envejecimiento de la población no puede permitirseseguir echando profesionales de la salud hacia otros territorios, como tambiénpasa con el personal médico.”