El juicio contra el asesor del congreso de los jeques, el Peace City World, cambia de fecha

La Audiencia Provincial de Salamanca ha retrasado la vista oral que determinar la culpabilidad de José María Fuentes

Imagen de archivo de una jornada del Peace City Congress | Foto: Susana Martín (Agencia ICAL) *Esta fotografía es complementaria a la información, ninguna de las personas que salen en ella forman parte como acusados
Imagen de archivo de una jornada del Peace City Congress | Foto: Susana Martín (Agencia ICAL) *Esta fotografía es complementaria a la información, ninguna de las personas que salen en ella forman parte como acusados

Aunque en un primer momento se había señalado para el miércoles 7 de mayo el juicio contra el asesor y organizador del congreso de los jeques, el Peace City World, la Audiencia Provincial ha retrasado una semana esa cita.

Así, según los señalamientos publicados por el Poder Judicial para este mes de mayo en el órgano judicial de Salamanca, el juicio contra José María Fuentes tendrá lugar el 14 de mayo a las 10:00 horas.

Cabe recordar que Fuentes está acusado de los presuntos delitos de falsificación de documentos públicos y estafa. En la causa, además de la acusación del Ministerio Fiscal, se presentan de forma particular el Ayuntamiento de Salamanca, la Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica, y la Universidad de Salamanca.

Precisamente están citados a declarar como testigos el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo; el exconcejal de Promoción Económica, Juan José Alonso; el ex rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; y el exconcejal de Turismo y amigo íntimo del acusado, Fernando Castaño Sequeros.

Desde el Ministerio Fiscal se solicita un total de cuatro años de prisión para el asesor que quería convertir a Salamanca en la nueva Dubai por los delitos de estafa y falsedad documental y 22 euros diarios de multa por 11 meses, además se le pide indemnizar al Ayuntamiento de Salamanca con más de 135.000 euros, cantidad que habría cobrado durante el tiempo que estuvo en el puesto.

Por su parte, el Ayuntamiento es menos exigente que Fiscalía, y solicita la pena total de dos años y cuatro meses de prisión, así como multa de 22 euros diarios por 7 meses; mientras que sí mantiene la misma indemnización solicitada por el ministerio público.

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