La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha cifrado este martes en más de 700 las personas que ha contratado la Junta de Castilla y León para reforzar la atención en las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus.
De este modo ha respondido Blanco Llamas a la procuradora socialista Nuria Rubio que se ha hecho eco de las palabras de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, cuando reconoció que el sistema sociosanitario de Castilla y León "ha hecho aguas" hasta el punto, ha añadido, de que tres de cada cuatro fallecidos por COVID residía en residencias que superan "notablemente" a los fallecidos en los hospitales.
"Tarde o temprano alguien tendrá que asumir responsabilidades", ha advertido Rubio que ha exigido transparencia y datos sobre los centros privados si bien ha apelado a la lealtad del Grupo Parlamentario Socialista en las últimas semanas en las que, según ha recordado, ha apostado por "arrimar el hombro" y por aportar propuestas.
En este punto, la consejera se ha referido a las reuniones que ha mantenido con la parlamentaria socialista a la que ha recordado que la Junta ha asumido entre 7 y 8 de las diez propuestas que ha planteado.
Dicho esto, Blanco ha vuelto a abogar por "trabajar todos juntos" para reforzar lo que ha funcionado, "que ha sido mucho" --según sus datos, un 70 por ciento de las residencias de mayores han estado "limpias", el 85 por ciento en la actualidad--, y para corregir lo que haya fallado ante una situación "impredecible", ha recordado.
"Hay que repensar qué ha fallado para solucionarlo", ha sentenciado la consejera de Familia que ha insistido que la crisis del coronavirus ha cambiado el modelo de vida de los ciudadanos, el modelo educativo, el modelo sanitario y también el modelo de atención residencial.