La Junta considera que la obligatoriedad de vacunación para el personal de las residencias debería estar recogida en una ley de pandemias

El Ejecutivo autonómico descarta añadir más restricciones en el protocolo de los centros de mayores y aboga por ser "más exigentes" con el cumplimiento de las medidas previstas

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El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea. | ICAL
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea. | ICAL

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, apuntó hoy en Valladolid que la obligatoriedad de vacunación en España no es posible por lo que abogó que este asunto debería estar recogido en una ley de pandemias, que el Gobierno central se niega a aprobar. "Es una cosa que habría que regular a nivel nacional, con rango de ley, para poder tener un poco de seguridad jurídica y ver cuándo es exigible en una situación de extremo riesgo, como la que hemos vivido", aseveró.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea lamentó que la pandemia del COVID lleva 16 meses y el país no cuenta con una ley de pandemias, "ni visos de tenerla" por que nadie en el Ejecutivo central parece interesado en legislar sosbre esta cuestión. "La exigencia de vacunar a toda la población es un asunto delicado por que, primero, hay que cumplir con las obligaciones constitucionales, en relación a los derechos y libertades individuales, y, segundo, con la Ley de Derechos del Paciente, que asegura su autonomía a la hora de la toma de decisiones", aseguró.

En todo caso, el portavoz de la Junta apuntó, según recogió la Agencia Ical, que hay numerosas opciones para evitar que una persona no vacunada infecte a los mayores en residencias como las medidas de prevención y detección precoz. También citó que las empresas que gestionan estos centros tienen posibilidades de seleccionar su personal.

Preguntado por la posibilidad de endurecer el protocolo para los centros de personas mayores, Francisco Igea descartó añadir más restricciones y abogó por ser "más exigentes" con el cumplimiento de las medidas previstas. Reconoció que restringir más el movimiento y la actividad de los mayores que viven en residencias no está justificado, además de producir un "daño importante" en su salud física y mental. "Han pasado un año y medio durísimo, con mucho tiempo en aislamiento, y, ahora, dada la situación, no nos parece proporcionado", manifestó.

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