La Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca noestá de acuerdo con el Decreto 2/2020 de la Junta de Castilla y León que "modifica los derechos laboralesde los trabajadores sanitarios".
"Aprovechando la situación creada por la pandemia COVID, la Juntapublica en BOCYL un decreto que impone (es la palabra exacta que utiliza) unasnormas que afectan a los derechosfundamentales de los trabajadores sanitariosen cuanto a horarios de trabajo, turnos, obligatoriedad de hacerguardias, anulación de vacaciones, posibilidad de trasladar a los trabajadoresde ciudad o provincia, mientrasdure la declaración del estado de alarma, inicialmente hasta el 9 de mayo de2021, según RD 956/2020 de 3 de noviembre por el que se prorroga el estado dealarma".
Ante estasituación la ADSP quiere precisar las siguientes cuestiones:
"Lostrabajadores sanitarios están demostrando mayoritariamente un compromiso vitalcon el ejercicio de su profesión, con el sistema sanitario público y con lospacientes. Este compromiso losha llevado y los lleva a trabajar de forma entusiasta incluso encondiciones en las que se pone en riesgo su vida, su salud y la de susfamilias".
"El colapsodel sistema sanitario de Castilla y León que se ha producido durante lapandemia es consecuencia directa del recorte en las inversiones sanitarias queha tenido lugar durante los últimos diez años. Se ha descapitalizado a SACyL enrecursos humanos y tecnológicos, poniendo en riesgo la misma viabilidad delsistema sanitario público, tanto en el marco de la atención primaria como delos hospitales".
"La propiagestión del sistema ha sido y es ineficaz, y buen ejemplo de ello son doscuestiones: el enorme gasto que supone la gestión privada del hospital deBurgos, que absorbe una parte muy importante del presupuesto anual de SACyL yque repercute en el resto de Castilla y León, y el Hospital de Salamanca, cuyaapertura se retrasa indefinidamente cada año y que sigue pendiente delpresupuesto necesario para completar obras y recursos tecnológicos, y del quese desconoce incluso la plantilla de personal que tendrá cuando se ponga enfuncionamiento".
"La actualsituación de falta de personal de enfermería y médicos es fruto de la improvisacióny falta de previsión dela Junta de Castilla y León, cuya política de recursos humanos ha favorecidoque los profesionales que podían haber sido contratados en el mes de junio sehayan ido a trabajar a otras CC.AA. donde les ofrecían mejores condiciones detrabajo en vez de los contratos precariosque les ofreció SACyL. A pesar de ello, la Junta sigue sin modificar un ápice supolítica de recursos humanos lo que imposibilita en el momento actual la contratación deprofesionales necesarios porque nadie quiere venir a trabajar a Castilla yLeón".
Por tanto, la ADSP "rechazamos el carácterimpositivo de este Decreto que supone un ataque al modelo sanitario actual,golpeándole en su línea de flotación que son los sanitarios. Pensamos que, ante un problematan serio como una pandemia, es preciso buscar soluciones y tomar medidas ad hocpero estas medidas no pueden ser impuestas sino que deben ser fruto de un diálogocon los profesionales y de un acuerdo amplio, nunca desde la imposición.Pensamos que se debe evitar la arbitrariedad y que las medidas que se tomendeben ser argumentadas y consensuadas para garantizar el apoyo y la cooperacióndel personal sanitario".
Porestos motivos, consideramos que la Junta de Castilla y León es responsable dela situación que atraviesa la sanidad y la salud pública en nuestra comunidad. Este decreto empeora la necesaria eimprescindible identificación de los profesionales con la sanidadpública. La Junta ha optado por imponer en vez de prever y dialogar.