La Junta prorrogará el toque de queda a las 20 horas, el cierre de gimnasios y del interior de la hostelería y la limitación de reuniones a cuatro personas hasta el 23 de febrero

También se mantendrá, hasta esa misma fecha, el cierre perimetral de la Comunidad y de las provincias. El toque de queda está en manos de la decisión del Tribunal Supremo

Terrazas en la tarde del viernes, 29 de enero
Terrazas en la tarde del viernes, 29 de enero

La Junta de Castilla y León se reunirá en Consejo de Gobierno el próximo lunes, 8 de febrero, con el fin de prorrogar, a la vista de los indicadores epidemiológicos, asistenciales, sociales, económicos y de movilidad recogidos en el conjunto de la Comunidad durante los últimos días, las medidas extraordinarias vigentes para la contención de la COVID-19 en toda Castilla y León, actuaciones que refuerzan el actual nivel 4 de alarma sanitaria.

Este régimen, aprobado mediante el Acuerdo 4/2021, fue prorrogado el pasado 25 de enero por un plazo de catorce días, situación que finaliza a las 23.59 horas del próximo martes, 9 de febrero.

Entre esas medidas se encuentran, a grandes rasgos, el cierre del interior de los establecimientos de restauración, el cierre de los gimnasios, la limitación de las reuniones de no convivientes a cuatro personas y el cierre perimetral de la Comunidad y de cada una de sus provincias.

También se prorrogará el inicio del toque de queda a las 20 horas, si bien esta decisión está en manos de la sentencia del Tribunal Supremo, ya que fue recurrida en su momento por el Gobierno de España. Eso sí, tanto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como el vicepresidente, Francisco Igea, han mostrado su confianza en obtener una resolución favorable.

La prórroga que se aprobará este próximo lunes entrará en vigor a las 00.00 horas del miércoles, 10 de febrero, por un plazo inicialmente previsto de catorce días; es decir, hasta las 23.59 horas del 23 de febrero.

Medidas para contener el virus

La actual evolución de los indicadores pandémicos el territorio castellano y leonés mantiene a la Comunidad en situación de riesgo extremo, con transmisión comunitaria no controlada y sostenida de la infección por SARS-CoV-2 que excede las capacidades del sistema sanitario, lo que hace necesaria la prórroga de la vigencia de esas medidas extraordinaria en todas y cada una de las provincias de Castilla y León y en el conjunto castellano y leonés.

Además de todas estas medidas, tanto las de carácter general para toda la Comunidad como las centradas en ámbitos municipales, hay que sumar la continuidad, además de la plena vigencia de los Acuerdos 76/2020 y 8/2021, de las limitaciones a un máximo de cuatro personas de la permanencia en lugares tanto de uso público como privado y del aforo de los lugares de culto a un tercio de su capacidad, con un máximo de veinticinco asistentes.

Por otro lado, la Administración autonómica mantiene, en el marco temporal establecido por el Real Decreto 926/2020, la limitación indefinida de la entrada y la salida de personas del conjunto del territorial castellano y leonés y entre todas y cada una de sus provincias -con las excepciones indicadas en los correspondientes Acuerdos de la Presidencia de la Junta y el toque de queda entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana-.

Los ciudadanos tienen la obligación de cumplir con las medidas sanitarias preventivas establecidas para la contención de la pandemia, pudiendo, en todo caso, ser sancionados los incumplimientos, de conformidad con el Decreto-Ley 7/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León.

El seguimiento y control de las intervenciones que supone el nivel 4 de alerta sanitaria por la COVID-19 en la Comunidad se desarrolla en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL), correspondiéndoles a las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes, según el régimen de distribución competencial previsto, la vigilancia, inspección y control de su cumplimiento.

Además, la Junta de Castilla y León recaba la cooperación y colaboración de la Delegación del Gobierno, de las subdelegaciones y de los ayuntamientos castellanos y leoneses para el control y aplicación de las medidas adoptadas a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales.

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