La Junta de Castilla y León ha puesto ya a disposición de establecimientos comerciales y de prestación de servicios, centros y parques comerciales, a través del Portal del Comerciante, los protocolos de actuación que contienen las medidas preventivas y de control que son aplicables a su actividad y de obligado cumplimiento en Castilla y León.
Este documento, que se basa en lo estipulado en el plan aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 20 de agosto, pretende servir de guía de autocontrol para las empresas del sector, que podrán conocer de forma ágil y sencilla las directrices que deben seguir.
En paralelo, la Dirección General de Comercio y Consumo va a iniciar una ronda de controles en las nueve provincias para verificar que en los locales comerciales se están cumpliendo todas las normas sanitarias para asegurar la protección de la salud y la seguridad de trabajadores, consumidores y usuarios. Precisamente, los protocolos citados serán también el texto de referencia sobre los que se basará la actuación de los inspectores.
En Salamanca se realizarán, como mínimo, ocho visitas de inspección semanales. Será la provincia donde más se hagan controles de este tipo junto a Burgos, León y Valladolid. Por su parte, en las provincias de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora se realizarán cuatro visitas de inspección semanales cómo poco.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir a generar confianza entre los consumidores respecto al sector comercial, que estuvo muy afectado por las restricciones a la actividad en los meses más duros de la emergencia sanitaria y que aún hoy sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia. Se trata de reforzar la buena imagen del comercio de proximidad y de las grandes superficies, como establecimientos seguros, para incentivar la demanda.
En la campaña trabajarán el personal de la Dirección General de Comercio y Consumo y de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía. El órgano central se encargará de coordinar las visitas, realizar un seguimiento de las mismas y adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las directrices sanitarias. Por su parte, los inspectores de Comercio y Consumo de las provincias efectuarán las labores de vigilancia y control.
El Decreto-Ley 7/2020, de 23 de julio, será la normativa de referencia para dictar sanciones, cuyo importe oscila entre los 100 euros por una infracción leve y los 600.000 euros en el caso de infracciones muy graves.
Finalmente, la consejera ha trasladado a los profesionales del comercio el agradecimiento del conjunto del Gobierno autonómico por su colaboración y compromiso en la aplicación de las medidas dictadas para proteger la salud de trabajadores y consumidores.
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