La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictaminado mediante una sentencia, todavía recurrible, que la Junta de Castilla y León debe elaborar y aprobar los Planes de Mejora de la Calidad del Aire para diversas zonas de la región, entre las que se encuentra Salamanca.
Según la sentencia, tras el recurso presentado por Ecologistas en Acción, las regiones están obligadas a adoptar estos planes para alcanzar los objetivos en los plazos fijados en aquellas zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen estos objetivos, como es el caso del ozono en la provincia salmantina.
Esto es así pese a la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, España y sur de Europa, así como del hecho de que no exista actualmente un Plan Nacional, como mantenía la Administración regional, ya que "se trata de un problema local y regional" y los planes nacionales y regionales son "instrumentos independientes, aunque, eso sí, con la necesaria interrelación y coherencia entre ambos".
De esta manera, según recoge la sentencia, "en estos planes se identificarán las fuentes de emisión responsables de los objetivos de calidad, se fijarán objetivos cuantificados de reducción de niveles de contaminación para cumplir la legislación vigente, se indicarán las medidas o proyectos de mejora, calendario de aplicación, estimación de la mejora de la calidad del aire que se espera conseguir y del plazo previsto para alcanzar los objetivos de calidad". En estos mismos planes se deben integrar planes de movilidad urbana.
Continúa la sentencia destacando que la solicitud de la que dimana el presente recurso se presentó en el año 2016, y que ya en el año 2012 se aprecian zonas en las que se superan los valores objetivos, por lo que ya han transcurrido más de seis años sin adoptar un plan.
Además de Salamanca, también están incluidas las zonas de Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Sur y Este, "y habría que añadir Valladolid y Soria por incumplimientos en años posteriores con un total de 75.500 kilómetros cuadrados y una población de 1.755.000 habitantes".
Pese a lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no fija el plazo de un año que se interesaba por Ecologistas en Acción para la elaboración y aprobación de los citados planes "porque en la normativa básica citada no se establece plazo alguno para ello, y tampoco puede derivarse la concreción de dicho plazo de elaboración y aprobación del contenido de la Directiva a que dicha parte hace alusión".
"De gran importancia"
Para Ecologistas en Acción, el pronunciamiento del Tribunal de Castilla y León es de gran importancia ya que "es la primera vez que la Justicia española declara la obligación legal de elaborar planes de calidad del aire para el ozono, sobre la base del derecho nacional".
Ante ello, la asociación ha exigido al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que no demore "más cumplir con sus obligaciones y vele por la salud de la población afectada, desasistida desde hace años por su negligencia".
Según comentan, el ozono está relacionado anualmente con un centenar de muertes en cinco ciudades de Castilla y León, 20 en Salamanca, según un estudio realizado del Instituto de Salud Carlos III.
Recuerdan también que el Parlamento Europeo mantiene abierto un procedimiento sobre la falta de planes de ozono, tras el acuerdo de la Comisión de Peticiones del 9 de octubre de requerir información al Reino de España. Por ello, Ecologistas en Acción reclama una vez más al Ministerio para la Transición Ecológica que elabore el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace años, e inste a las comunidades autónomas a que aprueben sus propios planes.
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