Juventudes Socialistas de Salamanca ha exigido a la Junta de Castilla y León que impulse una Ley de Igualdad LGTBI que proteja a las personas del colectivo frente a la discriminación por su orientación sexual e identidad de género. La agrupación ha denunciado que esta comunidad autónoma es de las pocas que aún no disponen de una ley que dote de derechos a estas personas.
Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, los jóvenes socialistas señalan que “en el mundo de la igualdad solo hay dos caminos: el de luchar contra la discriminación o el de ser cómplice de la misma”, y aseguran que Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha demostrado preferir el silencio “y ser cómplice de la discriminación”.
En el Informe de la Evolución de los Delitos de Odio elaborado por el Ministerio del Interior en 2019, la LGTBIfobia aparece como uno de los delitos con mayor incidencia en Castilla y León. “Sin embargo, la Junta no ha tomado ninguna medida para erradicar la discriminación y la violencia que sufren las personas que integran el colectivo LGTBI”, indican desde Juventudes Socialistas.
La organización juvenil socialista ha recordado a Mañueco el mandato que tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía hacen a los poderes públicos para promover la igualdad. El artículo 9.2 de la Constitución Española atribuye a los poderes públicos la obligación de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. El artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León reafirma este mandato.
“No se han establecido medidas para la erradicación de la discriminación y violencia de las que estas personas son víctimas en nuestra comunidad”, denuncian desde Juventudes Socialistas. Por este motivo, los jóvenes socialistas alzan la voz “una vez más, para revindicar el papel fundamental que tiene la Junta de Castilla y León en la protección de las personas que integran el colectivo LGTBI”.
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