Desde el 1 de junio entraron en vigor en España los nuevos juzgados especializados en cláusulas suelo para resolver la avalancha de reclamaciones por parte de los afectados. Sin embargo, en Salamanca ha sido designado el Juzgado de Primera Instancia número 9 en lugar de crearse uno nuevo de forma temporal, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).
Por tanto, este Juzgado no tiene ningún magistrado ni personal de refuerzo, “ni se ha adoptado ninguna otra medida para evitar que dicho juzgado se colapse, cuando que su carga de trabajo se ha multiplicado por cuatro como consecuencia de la avalancha de demandas que contra los bancos se venían preparando en multitud de despachos de abogados de toda la provincia”.
Denuncia CCOO que toda esta falta de previsión por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial lo único que consiguen es colapsar a este Juzgado de Primera Instancia número 9 y el retraso en la tramitación de todo este tipo de demandas. “Con la evidente consecuencia de perjuicio al ciudadano, obligándole a acudir al único Juzgado que hay ahora en cada provincia para conocer de esta materia, habiéndose cambiando y modificando la competencia territorial, eliminando el derecho constitucional al Juez predeterminado por la ley, existiendo una discrecionalidad absoluta en la designación del órgano que lo esta tramitando así como en el Magistrado que supuestamente van a designar para dichos asuntos”, añade.
Este sindicato se cuestiona cómo el Gobierno, “después de hacer ver y creer a la sociedad que todo esto se crea por y para ella, para que obtengan una respuesta rápida y especializada de los tribunales, cómo explican a dicho ciudadano el retraso que van a tener estas demandas en su tramitación, en juzgados que no tienen ninguna especialidad en la materia y que los han sobrecargado de trabajo”.
Y concluye: “Éste es el resultado de una medida absurda, demagógica y propagandística, y que conlleva el hecho de que los funcionarios tengan que soportar de repente esta sobrecarga de trabajo de forma obligatoria, injusta y sin ningún tipo de compensación. Una nueva carga de trabajo a sumar a las que ya soportan de forma excesiva y en pésimas condiciones si recordamos el problema del mal funcionamiento de la única herramienta que tienen para trabajar que son dichosos medios informáticos de este Ministerio de Justicia”.
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