El Gobierno de España, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, trabaja desde hace meses en la que se ha conocido como la Ley Trans, una norma para proteger y promover los derechos de las personas transgénero. Irene Montero, titular de la cartera de Igualdad, ha hecho de ella su principal activo para validarse dentro de la coalición, pero la norma ha creado muchas controversias.
El borrador de la ley, presentado a principios del mes de febrero, se centra principalmente en la libre determinación de género y sexo registral; la despatologización de la transexualidad, que permitirá a las personas trans (también a los menores a partir de 12 años) iniciar un proceso médico sin una autorización de un psiquiatra y la bonificación a las empresas por contratar a trabajadores transexuales.
SALAMANCA24HORAS.COM ha querido hablar de esta norma con dos agrupaciones con autoridad suficiente para abordar la cuestión. Se trata de la "Asociación Transformación", representada por su presidenta Sara March, y de la agrupación de “Iguales e Iguales USAL”, que se ha pronunciado sobre la cuestión a través de su principal responsable: Óliver Marcos Blanco.
¿Cómo reciben el borrador que ya se ha conocido de la ley?
Sarah March: Recibimos un texto similar al actual borrador hace seis meses, ya que entre los colectivos a los que se invitaron a participar por parte del Ministerio de Igualdad se encontraba nuestra asociación. El último borrador que se ha conocido consideramos que es mejorable, se ha descafeinado un poco las reivindicaciones que se habían hecho por parte de las agrupaciones trans, pero aun así es válido y aceptable.
Óliver Marcos: Desde “Iguales e Iguales USAL” valoramos el borrador como una noticia muy positiva, un avance muy necesario. Despatologizar el proceso médico que llevan a cabo las personas trans, así como el derecho a la autodeterminación que integra la ley, es muy importante y un gran paso hacia adelante en los derechos de los transexuales.
¿Cuáles son los principales avances y conquistas que llegan con la norma?
SM: La despatologización de la transexualidad y el reconocimiento a la autodeterminación de género son sin duda los dos pilares que sostienen esta ley y que suponen un mayo avance para las personas transexuales. Nadie mejor que nosotras mismas para saber y decir lo que somos sin la necesidad de un papel médico que lo corroborase. Del mismo modo, también es importante la cuestión de la atención sanitarias a las personas menores, reconociendo a los mayores de 16 años una autonomía para iniciar un tratamiento. Garantizar estos derechos supone eliminar el sufrimiento a los jóvenes trans.
OM: Sin duda alguna la autodeterminación de género, ya no serán necesarios una serie de requisitos y autorizaciones médicas para que una persona pueda variar su sexo registral. Antes era necesario un diagnóstico de disforia de género y haber iniciado un proceso de hormonación para ejecutar estos cambios administrativos. El hecho de que las personas trans no se vean obligadas a someterse a un informe médico ya es un gran avance, sobre todo porque no están enfermos.
Hasta ahora disponíamos de ciertas normas en comunidades autónomas, pero esta ley a nivel estatal permitirá aunar los criterios y establecer una igualdad de derechos para los transexuales en todo el territorio. Castilla y León, por ejemplo, no tiene una ley específica ni LGTBI, ni trans; y hay que dejar claro que aquí no ha llegado por falta de voluntad de los partidos políticos que gobiernan en nuestra región. Esta falta de regulación hace de Castilla y León un territorio con menos garantías para homosexuales, bisexuales y transexuales.
¿Qué le falta a la ley?
SM: Si bien es cierto que el conjunto del borrador de la ley es aceptable, también podemos afirmar que es insuficiente. En el ámbito laboral se han trasladado varias reivindicaciones al ministerio, pero este se ha limitado a unas pequeñas alusiones en su texto, cuando se requiere, además de unas simples directrices a nivel estatal, una batería de leyes autonómicas que completen esta cuestión. El desempleo de la población trans bordea el 80%, en caso de los inmigrantes hasta llega a superar el 90%. Muchos de estos sujetos solo encuentran salidas laborales en el mundo de la prostitución. Por ejemplo, en la provincia de Salamanca habrá menos de 40 personas trans (no hay un registro oficial) y al menos una veintena de ellas se dedican a la prostitución, especialmente las mujeres, puesto que los hombres trans están mejor considerados en la sociedad.
Además, echamos en falta más medidas de inserción sociolaboral. Un 80% de los transexuales en nuestro país se encuentran en situación de desempleo.
OM: Por el momento a lo que hemos tenido acceso a es a un borrador de ley, debemos ser cautos, puesto que no sabremos qué escrito final llegará a proponerse en el Congreso de los Diputados. Por el momento sí que podemos decir que habría que incidir en las necesidades de las personas no binarias, que son aquellas que no se identifican como hombres ni como mujeres. Es importante que a estas personas se le garantice el acceso a un proceso reproductivo, por ejemplo. Asimismo, sería importante que, para las personas no binarias, además de la eliminación del género en los documentos identificativos, se propusiese otra categoría de género más allá de hombre y mujer.
Por otro lado, también consideramos esencial que las personas migrantes no tengan que acreditar más requisitos que una persona nacional para identificarse como transexual.
La despatologización es la cuestión fundamental de esta ley. Los detractores de la misma, incluso algunas voces desde el sector médico, consideran que esto podría ser una especie de “barra libre” para que estos tratamientos se realicen sin consentimiento médico o un informe psicológico que lo acredite. En algunos casos, como en menores a partir de los 12 años -que no puede votar, trabajar, dar consentimiento sexual o tener responsabilidad penal- valdría con el consentimiento de los padres para iniciar un proceso de hormonación.
SM: Es importante recordar que ya hay resoluciones por parte del Tribunal Constitucional que reconoce la suficiente madurez a menores de 16 años para elegir un tratamiento hormonal cuando son conscientes de la situación a la que se enfrentan. Todo radica en el derecho a la autodeterminación de género, no es que se elija un género u otro, no hablamos de prendas de ropas que se ponen o se quitan, sino que a partir de una determinada edad ya empiezas a desarrollar y reafirmar tu personalidad y tu identidad en torno a un género.
Asimismo, no se puede olvidar a la figura de los padres, quién mejor que ellos, que buscan el bien y observan su desarrollo y las necesidades de su hijo, para dar su consentimiento y acompañar a su hijo en este proceso. Y es que estos tratamientos no se realizan en base a un capricho, sino en base a una necesidad. Yo, por ejemplo, tengo 42 años y desde la infancia ya manifestaba esta necesidad, no es necesario que otros menores pasen por el mismo sufrimiento que pasé yo.
OM: Desde “Iguales e Iguales USAL” consideramos que el proceso de cambio de sexo debe seguirse por parte de los profesionales sanitarios, pero no debe haber una autorización médica para que se realice. No tiene sentido que se requiera un informe psiquiátrico, como hasta ahora, en el que se diga que una persona transexual que quiere cambiar su sexo no está enferma, porque no lo está y la transexualidad no es una enfermedad. En 2018 la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya dijo que la disforia de sexo no es una enfermedad, esto evidencia que hasta ahora se han negado estos derechos a las personas trans por una cuestión relacionada con el constructo social y no con la evidencia científica. Se trata de una cuestión de justicia y de que las personas trans puedan ejercer su derecho a la autodeterminación.
En lo que respecta a los menores trans, no necesariamente tienen que comenzar un proceso de hormonación, pero es positivo que tengan la posibilidad de hacerlo si lo desean. Asimismo, hay estudios que indican que los menores trans que son hormonados durante su pubertad tienen un menor porcentaje de suicidios.
Una de las oposiciones más fuertes a esta ley ha llegado desde ciertos sectores del feminismo, que han dicho que con esta nueva ley se producirá el “borrado de las mujeres”. Igualmente se ha hablado de la posibilidad de que la Ley contra la Violencia de Género pudiera estar en jaque si un acusado por agredir a una mujer se identificase como mujer.
SM: La oposición de una parte del feminismo es un momento difícil para todas las mujeres. No es transexcluyente todo el feminismo. Por ejemplo, en Salamanca el Movimiento Feminista muestra un apoyo prácticamente unánime a las reivindicaciones de la población transexual. Sin embargo, nuestras discrepancias es con el feminismo TERF (feminista radical transexcluyente de acuerdo con sus siglas en inglés), quienes caen en la contradicción de buscar la abolición del género, y se sustentan en ello para no aceptar a las mujeres transexuales, pero luego apoyan leyes como la de la violencia de género.
El sexo que figura en nuestros documentos no se refiere al sexo biológico, sino al sexo social. Lo que reivindicamos es que las mujeres trans puedan tengan una documentación y un reconocimiento de acuerdo al sexo con el que se identifican. Desde el feminismo radical nos acusan de negar la biología. Para nada. No hacemos eso y no se trata de esos, sino que de acuerdo con nuestra visión el sexo biológico no es algo que exista realmente. La naturaleza humana tiene sus peculiaridades, entre las que se encuentra la transexualidad, ser hombre o mujer es un constructo social histórico.
OM: Esto no es un debate semántico, sino sobre derechos humanos. Hablamos de vidas humanas y lo único que pedimos es que se garanticen los derechos fundamentales de todos. Las mujeres trans son también mujeres y tienen los mismos derechos.
Sí, se dice que va a desaparecer la violencia de género, pero no es cierto y el cambio de sexo a nivel administrativo no es algo que se pueda hacer y deshacer al gusto, existe el fraude de ley. Esta ley no resta derechos a las mujeres, sino que reconoce los de las personas trans.
Otro de los temas espinosos de la ley trans es el gran apoyo que han recibido por parte de lobbys médicos que podrían hacer caja con muchas de las operaciones, procesos de hormonación y demás tratamientos asociados a los cambios de sexo. ¿Es únicamente una cuestión de derechos o también hay un gran negocio detrás?
SM: Lo del lobby trans es un mito. En cualquier movimiento social hay una serie de intereses económicos detrás, como en todos los aspectos de la vida, ¿no se hace negocio de la propia sanidad, por ejemplo? Eso no quiere decir que la transexualidad sea en si misma un negocio. Además, ser transexual no es operarse y hormonarse; sí, muchas personas optan por esta vía, pero conozco personas trans que no han llevado a cabo ni si quiera readaptación genital, ni implantes, ni hormonación, ni ninguna operación de ningún tipo. No es que nazcamos hombres y nos identifiquemos como mujer, por ejemplo, y debamos operarnos. Sino que nacemos con unos genitales que nos asocian a un género o un sexo que no tiene por qué ser con el que nos identificamos cuando crecemos.
OM: No entramos a valorar los apoyos, sino que aceptamos a todos aquellos organismos, asociaciones y personalidades que trabajen para garantizar la llegada de una serie de derechos que consideramos fundamentales.
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