La Junta de Castilla y León cambiará el decreto de infracciones por no cumplir las medidas COVID de manera que una sanción considerada grave conlleve el cierre de establecimientos con el objetivo de no penalizar a los cumplidores y sí a los incumplidores.
Así lo manifestó en la rueda de prensa telemática para informar del Consejo de Gobierno extraordinario y monográfico, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien aseguró que se lo han planteado a los representantes de los sectores más perjudicados, en la reunión mantenida el pasado viernes, y tienen su apoyo. Esta propuesta se trasladó a los representantes empresariales de hostelería, turismo, gran distribución e instalaciones deportivas.
Según Igea, los representantes de estos colectivos les transmitieron que “están muy cansados”, lo que comprende la Junta de Castilla y León que también les trasladó que todas las personas que hayan solicitado ayudas de la Junta de Castilla y León y cumplan requisitos las van a percibir.
El vicepresidente de la Junta defendió el debate mantenido en el seno del Consejo de Gobierno, que se extendió durante más de dos horas, lo que calificó de “normal y bueno”, mientras que criticó a los ejecutivos que no debaten ni toman decisiones.